Quito, 7 mar (La Calle).- Cecilia Chérrez, representante del área de minería de Acción Ecológica, alertó que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá blindaría a las empresas canadienses para que interpongan demandas multimillonarias en cuanto detecten «alguna inconsistencia» en sus proyectos.
Es decir, abriría la puerta al arbitraje de las instituciones en tribunales internacionales, pese a que esto contradice la Constitución del Ecuador. Además, Chérrez señaló que el régimen crea expectativas sobre las garantías jurídicas en el país para que incursionen en la minería. Advirtió que solo priorizan los intereses de los inversionistas mineros.
«Eso significaría un asalto a los fondos públicos sobre todo cuando se habla de medidas urgentes para la crisis económica», reprochó.
Detalló que el país atraviesa una demanda por más de USD 400 millones interpuesta por una empresa China que tuvo que suspender sus actividades en el Río Blanco, en Azuay. Algo similar ocurre con Chevrón, otra empresa que demandó al país por más de mil millones de dólares.
«Esto no tiene nada de lógica o consistencia y menos cuando incrementaron el IVA en 3 puntos por esa crisis», dijo.
De los oídos sordos…
Chérrez cuestionó que Daniel Noboa no escuchó las advertencias de los ciudadanos ante un escenario minero compulsivo en Ecuador. Relató que en Canadá se presentaron con la promoción de territorios, espacio de vida de las comunidades y la naturaleza a modo de oferta o subasta sin analizar las consecuencias.
Indicó que el colectivo y 12 organizaciones más presentaron en 2023 un informe de cinco proyectos mineros, donde hallaron violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza. Argumentó que encontraron irregularidades ambientales, no tenían licencia, entre otras cosas, que el régimen no prestó atención a la hora de firmar estos acuerdos.
«Es preocupante que se quiera afirmar que ganaron unos cuantos miles de dólares pactando con empresas que incumplieron las reglas ambientales y estaban en los informes que presentamos», dijo.
El famoso catastro minero
La representante de Acción Ecológica explicó que las autoridades pretenden abrir el catastro minero, un mapa con una serie de líneas que señalan los distritos mineros. Resaltó que esta actividad oculta que esos territorios son espacios de vida, de comunidades llenos de características que tienen que ser respetadas. «De lo contrario se declararía estado de barbarie en el país», anticipó.
Apuntó que la entidad y otras organizaciones de Canadá dialogan para acceder a fuentes de primera mano y conocer el acuerdo que firmó Noboa. Esto para no «caer en interpretaciones antojadizas» y anteponer una cifra económica a la realidad de los pueblos ecuatorianos.
«Se estarían subordinando a los intereses de transnacionales y explotar recursos nacionales en las peores condiciones», enfatizó.
Las principales consecuencias
La activista enumeró que las principales consecuencias de expandir la frontera minera son: la remoción de tierras, contaminación del ambiente con el ácido de piedra al extraer los minerales y el posible desplazamiento de las comunidades.
Aludió que los daños más graves se generan en las zonas agrícolas, aquellas que dependen de las vertientes de agua, bosques y otros espacios. El ejemplo más claro es el territorio de Las Naves, donde se enfrentaron civiles y policías porque las autoridades trataron de imponer una consulta.
