Por: Sebastián Tamayo Villarroel
El panorama electoral en el Ecuador nos genera más incertidumbres que certezas. Al interno de las organizaciones políticas se debatió a fuego cruzado las candidaturas, cuyo efecto inmediato fue el disgusto de la “militancia”. En esta etapa la correlación de fuerzas no logró esconderse tras los bastidores pues, la negociación política fue en términos coercitivos.
La retórica “Fuerza de Tarea”, o sea la Fiscalía con un nombre fresco, inició la jugada de la mano del sistema de justicia. Mientras se apresuraban en sustentar y acomodar, el caso Balda, el caso Rebelión, el caso Sobornos, entre otros; los herederos del gran reparto disfrutaban las regalías de los contratos. Quizá, si la avioneta donde viajaba Daniel Salcedo no se accidentaba, ni nos enterábamos del joven empresario y sus vínculos con el hospital Bucaram (Teodoro Maldonado Carbo).
En la recta final preelectoral, a la “Fuerza de Tarea” se sumó el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Mientras la justicia interpretó la doctrina bajo los preceptos de la jueza Camacho, para coartar la participación de algunos actores políticos; el TCE motivó la negociación con Álvaro Noboa en términos coercitivos pues, hasta llegar a un acuerdo no le devolvían el partido. Esto de las coincidencias y el estado de derecho ya son cosas del ayer.
Desde mi perspectiva el alboroto en contra de Bucaram fue para aclarar quién manda porque, hasta el momento, no existe jurisprudencia en torno al mismo. Por el contrario, en el caso Sobornos, lejos del debate jurídico, sorprende cuán rápido actúa la justicia. Finalmente, el TCE no puede ser más obvio en sus resoluciones con su dialéctica del ahora sí, mañana no. Su objetivo, marcar el terreno de juego a contra reloj.
