Quito, 5 de abr (La Calle). – La resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales que concedió las medidas cautelares solicitadas por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe LLori, dispuso también una reparación integral.
Esta reparación ordena a los asambleístas que se “abstengan de conocer, debatir y resolver el pedido del proyecto de resolución del Pleno de la Asamblea Nacional para la creación de la Comisión ad hoc pluripartidista para investigar las acciones del Consejo de Administración Legislativa”. Asimismo, dispuso a la Defensoría del Pueblo que efectúe el seguimiento de la sentencia.
El sistema judicial resolvió el pedido minutos antes de que se instalara la sesión del Pleno en la que se propondría cambiar el orden del día para incluir una moción de creación de una comisión pluripartidista para evaluar al Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Luego de conocer el fallo, el Legislador de UNES, Fausto Jarrin, se abstuvo de pedir el cambio del orden del día. Dijo que no violará la normativa constitucional ni pedirá a sus colegas que lo hagan. Sin embargo, los invitó a negarse a participar en el “circo” que quieren convertir la Asamblea Nacional.
Asimismo, desde las diversas bancadas criticaron que Llori haya utilizado este mecanismo para suspender la conformación de la comisión evaluadora. Hasta el momento no existen posiciones oficiales desde los bloques legislativos.
Por su parte, el expresidente Rafael Correa cuestionó: “¡Increíble! Los jueces determinando lo que puede tratar la Asamblea. Es obvio que es una maniobra del Gobierno. ¿Tanto vale el servilismo de Llori? ¿La destrucción de lo poco que queda de Estado de derecho?”
Varios abogados y los propios legisladores, como Virgilio Saquicela, han reiterado que una resolución favorable para Guadalupe Llori sería una intromisión del poder Judicial en la Función Legislativa.
