Por: Jackie Herrera
A ocho meses del retorno de la Asamblea Nacional, luego de haber sido disuelta en mayo de 2023 por muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso, varios han sido los tropiezos que el Legislativo ha tenido en sus funciones de fiscalizar el accionar político del país, cada vez más envuelto en escándalos de corrupción. La falta de consenso, los saltos entre bancadas de algunos asambleístas y el divorcio con el Ejecutivo modifican casi a diario las agendas legislativas.
Los intereses particulares de los legisladores que aspiran una nueva candidatura y los cuadros para los comicios del 2025 han venido moviendo rápidamente las fichas en las últimas semanas. Las bancadas con más camisetazos en este corto periodo han sido Construye y la Revolución Ciudadana, así como una de las más beneficiadas ha sido el oficialismo que empezó con 14 asambleístas electos, en noviembre de 2023, pero a la fecha cuenta con un total de 36 curules para el voto.
A pesar de estos movimientos, la RC sigue siendo la bancada con mayor número de adheridos y a ADN aún no le alcanzan los curules para darle la gobernabilidad al presidente Noboa, más aún, luego de su intento de eliminar a Construye del listado de organizaciones políticas y del anunciado desmarque del Partido Social Cristiano de las líneas del gobierno. Sin embargo, en las recientes votaciones del pleno de la Asamblea estas dos bancadas han vuelto a respaldar al oficialismo. No es una sorpresa, pero en todo caso las agendas están permanentemente moviéndose en función de las necesidades de las cúpulas políticas y a conveniencia de los pactos que por debajo de la mesa deban hacer.
Las disputas entre asambleístas, y asambleístas y autoridades de gobierno también son parte de toda esa novelización. Los recientes episodios como la supuesta declaración de inhabilidad mental a Noboa, que saliera de su propia bancada; la necesidad de denunciar a un expresidente por declaraciones que tendrían consecuencia en la economía nacional; y, la sorprendentemente ágil investigación de tráfico de combustibles que involucraría al alcalde de Guayaquil, lejos de darnos una garantía de democracia, solo nos recuerda los vergonzosos capítulos del extinto Congreso Nacional, así como sus pocas y eficientes gestiones.
El poder legislativo y fiscalizador de la Asamblea Nacional es el nuevo poder político. Hoy, incluso, tenemos a la función judicial inmiscuida en la legislativa para coadyuvar a estos objetivos. Durante, al menos los tres últimos gobiernos, el uso de los juicios políticos ha venido reflejando la dinámica política y social del país. Este mecanismo que debería fortalecer la democracia y la transparencia en la administración pública se ha convertido en la principal herramienta para la persecución política. Se ha convertido en la nueva vieja confiable para eliminar radicalmente a los adversarios.
En poco más de medio año lo único visible ha sido la cantidad de juicios políticos a ex y actuales autoridades y la designación de autoridades de control, que ha subido las tensiones dentro del Legislativo. Hoy tenemos 3 autoridades posesionadas; 5 exministros y vocales de la Judicatura censuradas; 5 juicios archivados suspendidos, entre los que está el de la Fiscal General; y, 20 procesos de juicios políticos pendientes. Estos escenarios complejizan la comprensión del valor de la institución parlamentaria y facilita la espectacularización de la política.
Lo peor de todo es que en este fragmentado funcionamiento del sistema político del país, el pueblo, el mandante, ha sido omitido de todos estos repartos. Aunque la historia política es cíclica y siempre permitimos que vuelva, debemos dejar de ser meros espectadores y exigir a nuestros gobernantes que nos den resultados de su función pública. Estamos atravesando una de las peores crisis de la historia, y no es posible que nos consuma el espectáculo que se está normalizando de manera escandalosa.
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