Quito, 23 ago (La Calle).- Tribunal de Quito admitió una acción de protección interpuesta por la asambleísta Inés Alarcón para iniciar el trámite de tres juicios políticos contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, esta sentencia retrasaría el juicio político contra la fiscal Diana Salazar.
»Esta sentencia de intereses políticos aberrante, arbitraria y corrupta no será acatada por ser imposible de aplicar», dijo el secretario del Legislativo, Alejandro Muñoz.
El funcionario argumentó que si la Asamblea efectúa esta sentencia estaría incumpliendo un dictamen aún mayor de la Corte Constitucional que impide que la justicia constitucional interfiera en temas políticos. La decisión final la tomarán los 137 parlamentarios luego del receso legislativo.
Por otro lado, Muñoz cuestionó que en primera instancia la acción de protección haya sido retirada del Tribunal de Iñaquito, al norte de la capital, tras conocer quien sería el juez de la causa. El recurso legal fue presentado nuevamente en Quitumbe y cayó en manos del juez Edgar Salazar, quien falló a favor de la asambleísta Alarcón.
Desde el Legislativo se solicitará a Judicatura la destitución del juez del caso y se interpondrá una denuncia en Fiscalía por el delito de prevaricato. Asimismo analizarán las acciones de la asambleísta que »puso en problemas legales» al primer poder del Estado.
La respuesta del oficialismo
Por su parte la asambleísta Inés Alarcón señaló que el Legislativo »debe acatar la decisión de la justicia y dejar de proteger a los exministros de Lasso».
Según justificó, el juez reconoció que no se le notificó oportunamente el retiro de las firmas de respaldo a su pedido de juicio político contra el exministro de Economía, Pablo Arosemena, ni tampoco se dio paso al ingreso de las nuevas rúbricas de apoyo al proceso.
El ministro de Gobierno, Arturo Félix, también se pronunció ante lo ocurrido y bajo el discurso de la vieja política pidió al Legislativo que se respeto el orden de los juicio políticos y acojan la resolución del juez.
