Quito, 26 jun (La Calle).- Ya está en el Registro Oficial la Ley de Integridad Pública, una propuesta impulsada por el Ejecutivo que promete “luchar contra la corrupción y modernizar la administración pública”. Según el Gobierno, esta reforma fortalecerá la transparencia, rendición de cuentas, ética y participación ciudadana dentro del sector público.
Sin embargo, diversos sectores sociales y críticos han expresado preocupación por los vacíos que presenta la Ley de Integridad Pública, especialmente en lo relacionado con mecanismos de control ciudadano, sanciones efectivas y la independencia de los organismos fiscalizadores.
¿Reforma o Riesgo?
Ante la recién aprobada Ley de Integridad Pública, se evidencian una serie de reformas que, en teoría, buscan fortalecer la ética y la eficiencia en la gestión estatal. Sin embargo, su contenido abre el debate sobre varios ejes sensibles que no han sido suficientemente cuestionados. Más allá del discurso anticorrupción, la normativa introduce cambios que podrían poner en riesgo pilares fundamentales del sector público y del funcionamiento institucional del Estado.
Garantías laborales en cuerda floja
Tras su aprobación, el sector público enfrenta la aplicación de evaluaciones de desempeño que, aunque buscan mejorar la eficiencia, carecen de criterios técnicos claros y de mecanismos efectivos para garantizar la defensa de los trabajadores. Esta ausencia de garantías puede convertirse en un pretexto para justificar despidos arbitrarios y la precarización laboral. Durante años, los servidores públicos han gozado de estabilidad y beneficios colectivos que hoy están en riesgo.
La reforma plantea un modelo en el que el concepto de “integridad” podría ser utilizado para legitimar purgas internas y restringir el derecho a la negociación colectiva, afectando especialmente a sectores vitales como salud, educación y justicia. En este contexto, la incertidumbre crece y la confianza de los empleados públicos en el sistema se ve gravemente afectada.
Banco Central en la mira
El fondo de esta discusión, llamada “coordinación” entre el Gobierno y el Banco Central del Ecuador (BCE), se establece con la nueva ley. Aunque menciona que esta medida busca que las decisiones económicas estén mejor alineadas, expertos advierten que esto podría afectar la independencia del Banco Central, una institución clave para cuidar la economía del país.
Cuando el BCE es autónomo, puede tomar decisiones importantes como manejar las reservas de dinero del país, controlar la cantidad de dinero que circula o decidir sobre el dinero electrónico sin presiones del Estado, pero al no haber límites claros en esta ley, existe el riesgo de que el poder político se meta en temas que deberían ser técnicos, generando desconfianza para los ecuatorianos en subir los precios o desestabilizar la economía de futuras generaciones.
El BID y las condiciones que no se cuentan
La ejecución de proyectos energéticos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientados a la transición hacia fuentes renovables. Aunque la iniciativa es presentada como un avance hacia la sostenibilidad, existe preocupación por la falta de transparencia en los términos de estos créditos multilaterales. Hay que recordar que el BID suele imponer condiciones que facilitan la participación privada en sectores estratégicos, lo que puede derivar en una privatización encubierta de la matriz energética.
Además, el endeudamiento necesario para financiar estos proyectos puede afectar la estabilidad fiscal y económica del país, generando una dependencia que compromete la soberanía energética.
En conclusión, aunque el gobierno muestra la Ley de Integridad Pública como un gran avance hacia la transparencia, existen varios puntos poco claros y consecuencias que visibilizan un cambio profundo en cómo funciona el Estado, este cambio puede deteriorar seriamente los empleos públicos, la economía del país y el control que deben tener las instituciones.