Quito, 18 de agos, (La Calle).– El juicio político en contra de Richard Martínez estaría a 49 días exactos de su archivo. El exfuncionario ministro de Finanzas de Lenín Moreno, el hombre que abonó puntualmente al FMI en plena pandemia, quedaría indemne de una sanción política.
Ese el riesgo, lo reconoce el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, pues si antes César Litardo,expresidente de la Asamblea, lo cobijó y ahora cuenta con el respaldo de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.
“Ya le he enviado dos solicitudes para que de paso al juicio, pero no me contesta, hoy (18 de agosto) le enviaré otra solicitud más”, aclara el representante de las filas de Unión por la Esperanza, (UNES).
De acuerdo al artículo 131 de la Constitución Política del Estado, “la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.
Un año en el exterior
Martínez renunció un 7 de agosto de 2020, con una lacónica carta en la que precisaba su aporte al Gobierno y el aumento de beneficiarios a los “proyectos sociales” de ese gobierno y otros detalles. Tachoneó la carta con tal de agregar como encabezado: “querido presidente”.
Martínez fue un hombre con suerte. En su periodo, cinco juicios políticos fueron paulatinamente postergados, hasta que en septiembre de 2020, pasaran a la Comisión de Fiscalización. Los juicios estuvieron impulsados por los legisladores: Juan Lloret y Yofre Poma (RC); Vicente Taiano (PSC); Jimmy Candell (BIN) y Raúl Tello (BADI).
Lloret considera que es posible otra interpretación del 131 de la Constitución que permita saltar la salvedad del periodo de tiempo y es que el pedido de juicio fue presentado durante el ejercicio del funcionario.
La acusación contra Martínez es incumplimiento de funciones; alrededor de ello, los acusadores afirman que el funcionario no asignó recursos económicos para los gobiernos autónomos descentralizados; incumplió en el pago de los incentivos a los jubilados del magisterio; afectó al presupuesto del sector educativo tanto al sistema inicial, básica, bachillerato y universitario; también lo responsabilizan de un supuesto mal manejo en las asignaciones presupuestarias para atender la crisis sanitaria provocada por el COVID-19; y además, cuestionan que manejó mal el proceso de pago de la deuda externa.
