Por: Jackie Herrera
Quito, 17 sept (La Calle).- Ante las irregularidades en el sector petrolero y minero del país, las organizaciones sociales y sindicales han cuestionado públicamente a las autoridades de las empresas públicas sobre las cifras de producción y recursos financieros, poniéndolos en la mirada del gobierno nacional. Este es el caso de David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP), quien ha denunciado que las medidas del Ejecutivo pretenden privatizar la estatal petrolera. Sus declaraciones no han sido del agrado del gobierno, por lo que, incluso, en días pasados efectivos policiales llegaron hasta su domicilio sin orden judicial alguna que avale esto que el representante de los trabajadores considera una persecución política.
Durante su entrevista en este medio, Almeida indicó que no existen las causales administrativas que le permitan a Petroecuador EP ejecutar una sanción en su contra. Señala que el mismo día en que se calificó su postulación, encabezando la lista, como secretario general en las próximas elecciones del Comité de Empresas de los trabajadores de Petroecuador, le abrieron un proceso disciplinario por sus declaraciones dadas en el medio Pichincha Universal donde defendió los recursos petroleros del país y a la misma empresa. Para el representante de ANTEP este acto intimidatorio busca callar su voz y la de los trabajadores, además de poner en riesgo su integridad. Tampoco cuenta con seguridad.
Lo acusan de revelar información confidencial y de una supuesta concesión al campo Sacha, cuando este proceso de privatización de los campos se estaría dando sin mostrar documento alguno que lo justifique por parte de la estatal. Petroecuador registra aproximadamente ingresos de 14 mil millones de dólares anuales. Además, el presupuesto estatal asignado es de alrededor de 4,5 mil millones, lo que le deja un margen de ganancias de 9,5 mil millones, de los cuales se destinan cerca de 6 mil millones al pago de importación de combustible. Es decir que Petroecuador por sí solo tiene la capacidad de asumir las importaciones que el gobierno dijo es insostenible, lo que ha justificado el alza al precio de las gasolinas extra y ecopaís en meses pasados.
Este cálculo realizado por Almeida muestra que se deja una utilidad de 3.5 mil millones extra para el Estado. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas retira este monto de Petroecuador sin decir a dónde se destina este presupuesto. Hasta el momento, y luego que ANTEP ha venido solicitando cerca de un año a la Cartera de Estado se indique en qué se invierte este capital, aún no existen respuestas. A pesar de saber los riesgos que su representación implicaría, Almeida sostiene que esta lucha es por la eficiencia de lo público y por el respeto a los derechos del movimiento de los trabajadores.
Sin duda, estos actos de persecución al secretario de Asociación buscan sentar un precedente para que ningún otro representante gremial evidencie ante la opinión pública el autosabotaje que actualmente se están cometiendo contra las empresas públicas del sector petrolero, en complicidad del Ejecutivo. Por lo tanto, decir que Petroecuador no sea económicamente viable es una mentira más del gobierno, pues se contradice con la información pública que la misma gerente de la EP ha manifestado en medios de comunicación y que, además, consta en su portal web como información de carácter público.
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