Quito, 21 de sep, (La Calle).-En diciembre de 2020, dos consorcios españoles firmaron con el Estado Ecuatoriano por casi 400 millones de dólares la adjudicación de los proyectos fotovoltaicos: “El Aromo” en Manabí y “Vilonaco” en Loja. En esa oportunidad, el ministro René Ortiz aprovechó las fiestas de esa ciudad, para informar sobre la “buena noticia”.
El proyecto fotovoltaico El Aromo se desarrollará junto a las plataformas de la Refinería del Pacífico en Manta en un área aproximada de 290 hectáreas. Tendrá una potencia instalada de 200 megavatios. La concesión será por 20 años incluido el tiempo de construcción. Aunque parezca increíble, hace poco el Ministerio de Energía y Minas confirmó que recién se llegó a un cierre transaccional con la empresa, sin embargo y, como explicó, la asambleísta Luisa González, esta “tardanza”, habría servido para revisar las normas comerciales del contrato con el fin de “asegurar” la rentabilidad de las empresas y permitirles operar, aunque no lleguen a las metas de generación eléctrica acordadas.
“El 5 de septiembre, la viceministra de Energía habría solicitado la revisión de las normativa con el fin de remunerar a los adjudicatorios del proyecto Vilonaco y El Aromo. Aun cuando no entreguen los megavatios de energía acordados, se busca modificar la normativa en perjuicio de todos los ecuatorianos”, concluye un video colocado en las redes de González.
El modelo de las barcazas
“Cuando teníamos las barcazas pagábamos 650.000 dólares generen o no energía. Cuidado pagamos un proyecto que genere energía cuando no existe la transmisión de esa energía”, dice.
La comparación no es exagerada. A inicios de siglo la termo-energía generada por unas barcazas flotantes le costaban al país cerca de medio millón de dólares mensuales, como se puede leer en esta nota de El Universo.
https://www.eluniverso.com/2002/04/30/0001/9/9642FBEB45924ADDA622051E76C56438.html/
Tanto la central fotovoltaica de El Aromo como la de Vilonaco (y cualquier nuevo proyecto renovable) tiene alta prioridad de pago y, si por algún tema de la red de transmisión, la central fotovoltaica no puede cumplir las metas, los concesionarios tienen protegidos sus ingresos.
En definitiva: se trata de un grave problema financiero para todo el sector eléctrico nacional.
