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El enrollo entre el Cpccs y la Corte Constitucional

Quito, 7 oct (La Calle).- Luego de la destitución de Alembert Vera de la Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Nicole Bonifaz asumirá el cargo.

La hasta ayer vicepresidenta hizo su primera aparición en redes sociales con un video en el que “ratificó su compromiso de devolver la institucionalidad del Consejo a los 17 millones de ecuatorianos”.

“Hago un llamado a todos los consejeros a trabajar juntos por sacar a la única institución que le permite a los ciudadanos participar de manera activa”, expresó.

Según Bonifaz, es momento que el Cpccs se redirija a una verdadera democracia y cuente con las garantías jurídicas necesarias.

Además, Juan Carlos Cárdenas será oficializado como vocal de la entidad en los próximos días. A través de un video en redes sociales mencionó que sus prioridades son:

  • Transparentar el concurso a Contralor General del Estado;
  • auditar a los GAD’s para que instalen las casas de acogida para las mujeres que han sido violentadas, y;
  • comenzar un proceso agresivo de limpieza de las instituciones públicas. “Ahí hay funcionarios que tiene contratos ilegales”, dijo.

El inicio del inicio

La noche del 6 de octubre Vera fue separo del Cpccs, mientras que los otros consejeros (Augusto Verduga, Yadira Saltos, Nicole Bonifaz, Johanna Verdezoto, Mishelle Calvachi y Andrés Fantoni) se mantuvieron como vocales. Sin embargo, la Corte Constitucional advirtió que estará vigilante a las acciones de los integrantes del Cpccs.

La resolución se da luego de que Vera diera paso a la creación de una veeduría que revisaría las actuaciones del Cpccs-Transitorio y la designación de jueces de la Corte.

Una de esas acciones fue la designación de Diana Salazar como fiscal general del Estado (FGE). A esto se suma la denuncia del colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) sobre el presunto plagio de Salazar en su tesis y un artículo científico.

El dictamen también incluía el archivo de la veeduría y cualquier acción levantada en contra de la fiscal, todo en un plazo de 10 días.

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