Christian Echeverría, redactor.
Quito, 6 de feb (La Calle).- En agosto de 2014, la Superintendencia de Bancos (SB) dispuso la liquidación forzosa del Banco Sudamericano. La resolución se basó en el informe GREC (Gobierno Corporativo, Riesgos, Evaluación Económica y Financiera, Cumplimiento) que estableció que la institución financiera incurrió en graves irregularidades penadas por la Ley de Control Monetario y Financiero.
La auditoría de la Dirección de Riesgos de la Súper recogió 372 observaciones y una extensa lista de problemas financieros: déficit patrimonial, irregularidades al otorgar créditos, incumplimientos a las normas de control, inmuebles adquiridos en dación de pago, presunta falsificación en los documentos de crédito y certificados de depósitos para burlar a la autoridad, entre otros.
Radio La Calle tuvo acceso a este informe y archivos de la entidad de control. En ellos se detalla que, después de los ajustes contables, el patrimonio técnico del banco disminuyó del 78% al -193%. Lo que da como resultado un déficit de USD -6.3 millones. Según los artículos 47 y 50 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, el mínimo requerido de patrimonio técnico debe ser del 9%.
Déficit patrimonial del banco del informe GREC
De las más de 300 observaciones, el banco no subsanó en ninguna en todas sus áreas. Permanentemente incumplió las normas y procedimientos dictados por la autoridad de control. Inclusive, presumiblemente falsificó documentos para justificar la colocación y obtención de dinero ante la Superintendencia.
Calificación que obtuvo el Banco en el informe GREC (0-1 son la mejor y 5 es la peor) Entre otros movimientos bancarios, que están fuera de todo procedimiento, se halló certificados de depósitos sin garantías reales y la generación de créditos falsos. El banco otorgó “créditos” a cientos de personas incapaces de adquirir y cubrir las deudas por sus niveles de ingresos. La Súper destaca los préstamos “otorgados” a trabajadores jornaleros que increíblemente ascienden a los USD 30 mil o más.
Deudas
Al momento de su liquidación el banco mantuvo pagos pendientes con los depositantes por aproximadamente USD 3.9 millones. Además, registró una deuda de alrededor de USD 2.1 millones con la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (COSEDE). En total, una deuda de USD 6 millones, según la investigación.
Diez días después del cierre, la COSEDE devolvió los recursos a los depositantes por un valor de hasta USD 32 mil, puntualiza el comunicado. El Banco Sudamericano solo poseía un 0,05% de participación en el mercado, por lo que la estabilidad y salud del sistema financiero no se afectó en absoluto con su cierre.
Bienes inmuebles del banco
La Superintendencia determinó que el banco carecía de efectivo para pagar, pero en su proceso liquidatorio, tenía bienes inmuebles que cubrían la deuda e incluso la superaban. La entidad financiera contaba con edificios en los mejores sectores de la capital, terrenos productivos, departamentos, oficinas y locales comerciales en varias localidades del Ecuador.
Banco Sudamericano frente a la Justicia
La entidad bancaria registra 195 causas judiciales, según el portal web del Consejo de la Judicatura. Varias de ellas por peculado privado, estafa, abuso de confianza, calumnia, acción de habeas data, daños materiales, falsificación de documentos, deprecatorias, liquidaciones falsas, entre otras.
En 2016, una de las exliquidadoras del banco, Stephany Zurita demandó a la institución financiera por el manejo de los créditos generados a un proyecto llamado San Luis. Se dieron créditos vinculados sin respaldos suficientes para una obra arquitectónica que quedó inconclusa.
Finalmente se logró determinar medidas cautelares, prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente a audiencia a los funcionarios del banco. Sin embargo, “han logrado recusar al juez y separar al fiscal Juan Carlos Zúñiga del caso”, apunta la investigación. De esta forma retrasan el juicio que no prescribe.
Actualmente varias de estas causas judiciales continúan abiertas sin registrar sentencia.
