Hemos leído acerca de la convulsión social que se ha desatado en el Ecuador, por efectos de medidas económicas implantadas por el actual régimen; medias sugeridas por el Fondo Monetario Internacional (FMI); concretamente el Decreto Ejecutivo No. 883, derogado gracias a la presión del pueblo ecuatoriano, donde eliminaban el subsidio a combustibles como Diesel y Gasolina. Opiniones diversas sobre los efectos de este Decreto han causado controversia política y social, además oportunismos politiqueros con intereses financieros.
Al Fondo Monetario Internacional (FMI) lo crearon en Julio del año 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas; con la aprobación de en ese momento por cuarenta y cuatro (44) países. Hoy por hoy está conformado por ciento ochenta y nueve (189) países miembros. Su finalidad: otorgar créditos a países miembros con problemas en su Balanza de Pagos; con la condición de que los ajustes fiscales sean en estrecha dirección del FMI, estipulados en la llamada Carta de Intención. Los Gobiernos del Ecuador en el lapso de veinte años (1983 al 2003) han firmado trece (13) convenios con el FMI.
A mi criterio, considero que el actual déficit fiscal lo vivimos por la condonación de cuatro mil quinientos millones de dólares ($ 4.500 MM USD) a grandes grupos empresariales en la llamada “Ley de Fomento Productivo”, que además golpeó a sectores como el pesquero, acuícola, agropecuario, y de las economías populares solidarias.
Los sectores agroproductivos se ven seriamente golpeados por la eliminación del subsidio a los combustibles, incidiendo en los costos directos e indirectos de producción.
Usos de los combustibles
Combustibles como el Diesel y gasolina son usados en la explotación agropecuaria, desde la preparación de suelos con el uso de maquinaría, el riego que se realiza con bombas, la transportación de insumos de la casa comercial al centro de producción, el traslado de trabajadores, la fumigación con bombas de motor portátiles, la cosecha se realiza con maquinaria que consume combustible, la transportación de la cosecha a los centros de acopio; por último el traslado de los productos agrícolas desde los centros de acopio a los mercados de abastecimiento se realizan en camiones que consumen combustibles; sumemos a esto los bajos precios que pagan la intermediación y algunos industriales por las cosechas en su mala práctica comercial.
Las consecuencias de estas medidas dirigidas por el FMI ocasionan en el Productor Agropecuario sobre el cual cae toda la carga financiera, disminución en su capacidad de pago, retraso en pago de sus créditos con la Banca (Estatal o Privada), deserción en la educación rural, falta de servicios de Salud por recortes presupuestarios, aumento de precio de la canasta básica de todos los consumidores finales y por último el Estado deja de percibir impuestos.
Cabe destacar la ejemplar manifestación del Pueblo Indígena del Ecuador, quienes han liderado con gran organización estructural, visión política y constancia en su misión de restablecer la justicia social, aplicando su legítimo Derecho a la Resistencia consagrado en la Constitución de la República del Ecuador.
Los Estados deben desarrollar soluciones creativas para equilibrar sus Balanzas de Pagos, en las cuales no salga lesionados los sectores más vulnerables de la sociedad como los agricultores y trabajadores, y no rendirse a condiciones de organismos multilaterales que a mi experiencia han ocasionado caídas de Gobiernos.
