Quito, 29 may (La Calle).- En el gabinete de Lasso, cuatro personas ocupan cargos ad honorem. Los puestos no solo atentan con los derechos laborales, también denostan el servicio público y abren la posibilidad de una «puerta giratoria
¿Por qué existe el cargo ad honorem?
La denominción de ad honorem implica una especie de voluntarismo sin que reciban nada a cambio. Evidentemente eso no existe en la Ley de Servicio Público, no lo permite la Constitución. A excepción de algunos cargos en el servicio exterior, pero eso se regula en su propia ley. En el caso de servidores públicos en general no existe este puesto porque la Constitución establece con claridad que todo trabajo deberá ser retribuido a cambio de un salario justo. Trabajar de forma gratuita representa una vulneración a los derechos.
¿El ad honorem puede ser un punto ciego que impida al Estado obtener la rendición de cuentas de estos servidores?
Es loable que alguien quiera contribuir con su país. No hay que estigmatizar que alguien quiera dar su aporte intelectual, académico o profesional, pero hay que diferenciar los espacios. Si uno quiere hacerlo desde la sociedad civil porque no quiere recibir una retribución económica puede hacerlo desde una ONG, fundaciones, propuestas de política pública.
El ser servidor público conforme a la ley evita que exista la posibilidad de evadir las responsabilidades. Un servidor público debe rendir cuenta, los ciudadanos pueden fiscalizar sus actos. La Asamblea puede fiscalizar y requerir información de los funcionarios en el país. El artículo 120 de la Constitución lo establece. Si el ciudadano no tiene esa figura ¿cómo pedimos que rinda cuentas? Genera sospechas. Podemos pensar que esa persona no quiere acceder al servicio público de forma regular.
¿Cómo beneficia el cargo ad honorem a una persona?
Esta discusión no es solo normativa. Hay que tener cuidado con este tipo de cargos se construyen una narrativa para quedar bien ante la opinión pública, como si solamente se contribuye por estricto amor a la patria y desinterés. Como no existe un vínculo jurídico que les ate a la institucionalidad, el ciudadano puede aprovechar los vínculos políticos que tiene.
No hay que generalizar, no todos los que pertenecen a las elites económicos quieran llegar al Estado para sacar una tajada para sus intereses. Pero existen varios funcionarios que históricamente y que hoy generan dudas, mirando al Estado como una herramienta que les permita favorecer a su sector.
Este tema da lugar a la “puerta giratoria”. Estar al frente de una transnacional, ya sea explotación de recursos, petrolera, minera y entrar al Estado. Una vez allí crear las políticas que beneficien a esa compañia. Es decir poner en primer lugar los intereses corporativos y perjudicar los intereses de la nación.
O viceversa. Estás en el Estado y una vez que dejas el cargo, pasas a esa transnacional. Nuestra constitución prohíbe el tema de la puerta giratoria en el artículo 153 de la constitución. Los exfucionarios de Estado deben esperar dos años para ir a un alto cargo privado en empresas que tengan contratos con el Estado.
¿Quiere el Gobierno que veamos el servicio público como filantropía?
Lo que se intenta es enviar un mensaje de que aquí lo que sirve la filantropía, la buena fe, el desprendimiento. De que yo voy al servicio público a ayudar. Y es un mal mensaje. La ciudadanía debe tener un servicio públicos con servidores y servidoras que perciban una remuneración de acuerdo a la Ley. Para poder exigirle más y mejores decisiones.
Si alguien lo hace sin cobrar nada a cambio. El día de mañana puede decirnos “ustedes no tienen derecho a reclamar nada porque yo les estaba haciendo un favor. No me estaban pagando nada”. En el fondo termina por atacar el valor de lo público. Hace que el resto de servidores se vean como interesados, vagos, que quieren ganar un salario para enriquecerse. Esto no es así. También se puede construir un relato de que solo los que tienen grandes fortunas pueden llegar al sector público.
Hay que tener cuidado con este tipo de discursos. Lo público en el gobierno de Moreno se construyó como lo peor. Por eso se redujo el Estado y se despidieron a los servidores públicos.
