Por Omar Jaén Lynch /@Kelme_boy
El artículo 261 de la Constitución del Ecuador, en sus 12 numerales, detalla las competencias exclusivas que tiene el Gobierno central. Las más importantes –como resulta obvio– son educación, salud y seguridad. Es decir, Lenín Moreno y su gabinete son los responsables de brindar educación gratuita y de calidad, darnos educación con calidez y pertinencia, y defender nuestras vidas de amenazas internas y externas. Estas atribuciones no pueden ser delegadas a otros niveles de gobierno.
Este preámbulo nos ayuda a tener claro el desastroso panorama que tenemos de la mano de Lenín Moreno. Empecemos por la seguridad. Antes de que nos invada la pandemia, ¿quién se sentía seguro en Ecuador? La delincuencia nos atormentaba a diario, nos acostumbramos a ver asesinatos violentos en Guayaquil cada 12 horas. Eso sí, nunca faltó presupuesto para equipar a la Policía Nacional… para reprimir al pueblo. Tras las movilizaciones ciudadanas de octubre de 2019, María Paula Romo y Oswaldo Jarrín movieron sus fichas para obtener millones de dólares para comprar vestimenta “Robocop” para combatir la “subversión”.
Qué se puede decir sobre la salud. Guayaquil vivió la peor tragedia sanitaria de su historia entre marzo y abril de 2020. Y a mí no me vengan con el discurso de “nadie estuvo preparado”. El Gobierno de Moreno sabía de antemano lo que pasó en Wuham, Lombardía y Madrid. El régimen optó por enfrentar la llegada de la Covid-19 poniendo mesas con funcionarios del Ministerio de Salud Pública, que apenas entregaban folletines, pero no tomaban la temperatura. Moreno y su gabinete dieron vía libre para que se jugaran partidos de fútbol en Guayaquil y otras ciudades a pesar de que ya había casos confirmados en el país.
El Gobierno, además de su inoperancia, mintió sin tapujos. Primero prometieron 2 millones de pruebas de Covid-19 y nunca llegaron. Luego el nuevo ministro se comprometió a importar 200 mil pruebas, que ni a la aduana arribaron. La exministra Catalina Andramuño se fue del cargo echando lodo, es verdad, pero advirtió que nunca se destinaron los recursos para enfrentar la crisis sanitaria. Hasta el día de hoy Richard Martínez presenta los documentos en que se demuestre que se asignaron fondos para combatir al coronavirus.
La negligencia de Lenín Moreno, Otto Sonnenholzner, María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, Juan Carlos Zevallos, entre otros, provocó la muerte de miles de ecuatorianos, sobre todo de guayaquileños. Algún día responderán ante los tribunales. Así debe ser.
Pero la desgracia no cesa para el país. Ahora el Gobierno dinamita la última pata del soporte de una sociedad: la educación. La infamia ya no conoce de límites y ahora Moreno y su banda les arrebatan el sueño a miles de jóvenes de clases media y populares al eliminar el Bachillerato Internacional (BI) en 77 colegios fiscales del país. El BI es uno de los requisitos fundamentales para que un joven recién graduado pueda aplicar a una beca universitaria nacional o extranjera. En otras palabras, que lleguen a la educación superior los que puedan pagarla.
Y también están las universidades. El régimen dispuso el recorte de más de 98 millones de dólares para las universidades públicas, aunque también se ven afectadas universidades particulares que dan becas jóvenes. A eso hay que sumar que el Consejo de Educación Superior aprobó una serie de medidas lesivas para la investigación, que van desde el aumento indiscriminado de horas de clases para profesores hasta proponer que se multiplique el número de estudiantes por aula. Sí, como si fuera ganado salvaje.
Ya a estas alturas no me sorprende nada de lo que disponga el gobierno de Moreno y Sonnenholzner, pero eso no significa que no me invada la indignación. Pero téngalo presente, señores en Carondelet, meterse con lo más sagrado de un país –la educación de nuestros chicos– me (¿nos?) pueden llevar a acciones más combativas. Nos vemos en las calles, si así lo quieren.
