Quito, 14 ago (La Calle).- En Ecuador hoy se cumplen 3 años consecutivos del Día de lucha contra la violencia sexual en las aulas. Los causantes de este problema en varias ocasiones son los docentes, autoridades, trabajadores y otros estudiantes del plantel educativo de la víctima.
Pesé a que la problemática es grande y de preocupación total, el Estado no ha brindado mayor garantía para cuidar a los niños, niñas y adolescentes del país. El conflicto para detener a los implicados en estes actos es que en la mayoría de casos, los afectados enfrentan dificultades para denunciar el hecho por miedo a represalias o a que nadie les crea.
Cada 14 de agosto, en el país se conmemora la lucha contra la violencia sexual en las aulas. Esta fecha se conmemora desde el 2021 tras la sentencia de reparación en el caso Paola Guzmán Albarracín. Durante el gobierno de Lenin Moreno, el Estado ecuatoriano aceptó su responsabilidad tras la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH).
Según un estudio de la Unicef (2020), 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida. De esta cifra, varias de ellas sufrieron esta agresión mientras asistían a sus instituciones educativas. Sin embargo, las mujeres no han sido las únicas víctimas de este delito, ya que también hay casos de hombres que denuncian este hecho.
Las denuncias por este delito son mínimas, ya sea por el proceso difícil de aceptación, por las trabas en los establecimientos o por el silencio de los infantes.
En los últimos años, los sucesos por violencia sexual han aumentado, aunque en varios de estos acontecimientos la sentencia tarda. Uno de los últimos casos fue el de una institución al norte de Quito, que permitió la agresión a más de una docena de niños de entre 3 y 5 años por parte del conserje.
Expertos recomiendan que los padres de familia estén alertas a los cambios de humor de sus hijos. Asimismo, que los representantes deben crear un espacio seguro y de confianza para que el menor comente lo que le sucede.
El caso de Paola Guzmán Albarracín
En 2002, Paola Guzmán Albarracín de 16 años se suicidó tras enterarse que estaba embarazada de su agresor sexual, quien la obligó a abortar. La víctima fue abusada durante dos años por el vicerrector de su institución en Guayaquil.
Sin embargo, la sentencia de reparación le tomó a la familia 18 años, pues en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que Guzmán se quitó la vida por sufrir violencia sexual en su institución educativa. La CIDH falló en contra del Estado ecuatoriano.
En las resoluciones de esta sentencia está que el Ecuador debe tener estadísticas actualizadas por este delito. Además, que debía implementar programas de orientación, asistencia y apoyo a víctimas de violencia sexual en las aulas. Asimismo, se debía promover un plan de educación sexual y reproductiva para los menores de edad. (DCJ)
