Quito, 30 sep (La Calle).- El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó, este jueves, el informe técnico de la segunda y tercera revisión del programa de Servicio Ampliado (SAF), que mantiene con el Ecuador.
El organismo internacional autorizó el desembolso inmediato de USD 800 millones para el país, que servirán para financiar el Presupuesto General del Estado.
“La aprobación realizada por el Directorio del FMI demuestra que el Ecuador está actuando de manera responsable, transparente y seria en su manejo económico”, dijo el ministro de Económica y Finanzas, Simón Cueva.
Asimismo, aseguró que el respaldo del FMI le permitirá al Ecuador acceder a más financiamiento, desde otros organismos multilaterales. Según información del Ministerio de Finanzas estos recursos permitirán garantizar la atención de los programas de protección social a la población vulnerable.
Desde septiembre del 2020, el Ecuador mantiene con el FMI un programa SAF, de 27 meses de duración, por USD 6.500 millones. El año anterior recibió USD 4.000 millones; en este año está previsto acceder a USD 1.500 millones; y el próximo año a los USD 1.000 millones restantes.
La evaluación del FMI
El FMI señala que es urgente emprender reformas estructurales, fundamentadas en un diálogo nacional. Asimismo, asegura que las acciones para establecer nuevos acuerdos internacionales de comercio y reformar el mercado laboral pueden ayudar a fomentar el crecimiento del sector privado y la inversión extranjera directa.
Los directores, entre otras medidas, elogiaron las recientes enmiendas de la ley del banco central orientadas a su independencia. También recomendaron elaborar un plan para subsanar las deficiencias regulatorias, establecer condiciones igualitarias y reforzar el sistema financiero en general.
Indican que es necesario el establecimiento de topes presupuestarios en categorías clave de gasto a corto y mediano plazo. Así como avanzar con las reformas estructurales, para reforzar la gestión de las finanzas públicas.
Además, destacaron la necesidad de implementar reformas estructurales para mejorar la competitividad, reforzar el entorno empresarial y acelerar el crecimiento, impulsado por el sector privado.
De igual forma, insistieron en que es necesario redoblar esfuerzos para mejorar las declaraciones de activos de personas expuestas en el ámbito político, reformando el marco de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo; y realizar auditorías tributarias.
