Quito, 10 may (La Calle).- El derecho a la libertad de expresión se ve afectado por la Ley de violencia digital con varias contradicciones, así lo analizó la investigadora y catedrática Palmira Chavero.
“Por un lado, tenemos los delitos sexuales por la vía digital. Por otro lado, encontramos que en nombre de proteger a las víctimas de delitos sexuales, se merma otro derecho, el de la libertad de expresión, que es fundamental”, explicó a Radio La Calle.
El silencio de los grandes medios de comunicación sobre este tema, a juicio de la catedrática, se explica porque “a ellos no les afecta”. “Estos medios no cuidan a los ciudadanos sino a sus propios intereses”, dijo.
Para la experta, hay que entender que la información pública debe ser transparentada sin necesidad de cambiar la ley. “La problemática en esta reforma, es que el artículo que prohíbe la difusión de productos de violencia digital ya existía. Lo que se hace es eliminar la excepcionalidad cuando la información es pública, es decir, relativa a las instituciones del Estado, que ya se transparenta en la LOTAIP”, sostuvo.
De acuerdo con Chavero, la modificación de la Ley hace que algunos derechos choquen entre sí, en una evidente incoherencia del articulado. “Los derechos humanos están por encima de todo. Aquí chocan el derecho a la intimidad contra el derecho a la libertad de expresión, por lo que no se puede interpretar la norma de manera favorable al ciudadano y deben acudir a la justicia. Se burocratizan los derechos primarios”, señaló.
Internet, redes sociales y derecho
Sobre las redes sociales e internet no existe un debate serio y profundo. “En Ecuador, la mayoría de los medios de comunicación son privados y tienen intereses económicos y políticos. Vimos en Octubre del 2019, los medios cerraron filas en torno al gobierno. Si no tenemos una fuerza mediática plural no mejorará el sistema de comunicación. El ciudadano va a las redes sociales porque busca información que no consigue en los medios tradicionales”, dijo.
A juicio de la catedrática, no hay que mirar solo la Ley de violencia digital, sino también la Ley de Defensa de Dolarización y la Ley de uso progresivo de la fuerza que sigue en debate. “Lo que se busca es reducir el espacio del ciudadano, y con esto se achica la protección del Estado. Se reduce la posibilidad de reclamo, la responsabilidad de los medios. Se amplía lo privado y se disminuye el rol del Estado”, concluyó.
¿Qué dice la reforma?
La reforma al artículo 178 del Código Integral Penal indica que “la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, grabe, revele, difunda, publique, o dé algún tratamiento indebido o no autorizado a contenidos de terceros […] por intermedio de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, será sancionada con pena privativa de la libertad de uno a tres años”.
