por Juan Paz y Miño Cepeda
En medio de una situación en la cual Ecuador solo aparece en el mundo internacional como parte de las malas noticias y, además, dejó de ser un referente de adelanto y democracia, las elecciones de segunda vuelta, realizadas ayer 15 de octubre (2023), no dejaron de despertar la atención -y preocupación- en medios académicos y sectores progresistas de América Latina.
En ellos se entendió bien que estaban en juego dos proyectos de economía y sociedad: uno, de los grandes empresarios-oligárquicos identificados con la ideología neoliberal y representados por el candidato Daniel Noboa; y otro, vinculado con una diversificada gama de amplios sectores sociales, representado por la candidata Luisa González.
En la región se comprendió que la elección de Noboa era la continuidad de los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes consolidaron la vía neoliberal. Y se tenían esperanzas, aunque bastante dudosas, sobre el triunfo de Luisa (así se trató a su candidatura), con quien podía preverse no tanto que retornaría el “correísmo”, sino que se abría la posibilidad de restaurar las bases para una economía de tipo social, sin grandes expectativas, pues su gobierno apenas duraría un año y medio.
La izquierda “auténtica y verdadera”, patrocinadora del voto nulo, podrá siempre dormir en paz, pues triunfa con cualquiera.
Las consideraciones que se han realizado entre los seguidores y estudiosos de las realidades ecuatorianas tomaron en cuenta que la polarización entre los dos modelos de economía y sociedad que estaban atrás de las candidaturas de Noboa y de Luisa, forman parte de una dinámica parecida a la que ocurre en América Latina.
La más cercana experiencia es Argentina, donde algo similar a la polarización ecuatoriana se advierte para las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre, en las cuales el riesgo del triunfo de Javier Milei es apreciado como un acontecimiento de gravedad continental, pues sus propuestas rebasan el neoliberalismo tradicional y “avanzan” a los planteamientos libertarios anarco-capitalistas. La comparación, si bien es adecuada, tiene una diferencia de fondo: en Ecuador, entre las élites del poder apareció, en apenas seis años, una condición nueva e inédita para la sociedad ecuatoriana: la consolidación de lazos con las mafias. Ello, y el crecimiento paralelo del crimen organizado y la explosión de muertes violentas en tan solo los dos últimos años, acabaron con el Ecuador que se tenía como un país de paz y tranquilidad, atrayente para llegar a él, sin el sobresalto de cada hora y en todo lugar.
En Ecuador tiene larga tradición histórica la evasión tributaria y la explotación a la fuerza de trabajo. Hay estudios que lo han comprobado para cualquier época pasada. Pero, como nunca antes, el país ha aprendido que entre las élites ricas se han forjado prácticas económicas inéditas: ya tuvimos antecedentes sobre el aprovechamiento doloso de recursos públicos con la sucretización de las deudas privadas externas (1983) y la resucretización (1987), pero, sobre todo, con los “salvatajes” bancarios desde mediados de la década de los noventa y el feriado bancario (“corralito”, como se llamó en Argentina a un acontecimiento igual) que les acompañó en 1999. Pero, a través de labores serias de investigación y denuncia, como ha ocurrido con los Ina-Papers, los Panama-Papers y los Pandora-Papers, hoy la población nacional sabe que se esconden riquezas privadas en paraísos fiscales, que se engaña a las instituciones estatales para impedir que se detecte a los responsables de los dineros escondidos o de los impuestos no pagados, que se expiden leyes o se toman medidas desde el Estado para garantizar negocios y acumulaciones privadas, y que hay recursos ilícitos, de difícil o imposible rastreo, en el “blanqueo” de dineros.
Hay que sumar -lo que es aún más grave-, que la población vive la realidad de la delincuencia, las “vacunas”, los sicariatos y ahora también los asesinatos políticos, como nunca existieron en el país. Tampoco hay que dejar de lado el lawfare, la judicialización indiscriminada y la persecución política, que incluso ha llegado a esferas académicas, contra quienes investigan y escriben sobre ciertos temas de la sociedad (como la situación laboral en las plantaciones bananeras, por ejemplo) que estorban y molestan a quienes se sienten descubiertos. De modo que uno de los desafíos que enfrenta cualquier gobierno progresista será el de perseguir a esas “lumpenburguesías” y a las mafias ahora enraizadas en Ecuador.
La experiencia de Ecuador también debe servir para los estudiosos latinoamericanos desde otra perspectiva: el neoliberalismo “criollo” poco tiene que ver con el original, es decir, con las teorías como las que en su momento difundieron los economistas Friedrich von Hayek o Milton Friedman y la Escuela de Chicago. Proviene de los comportamientos habituales de los grandes grupos económicos desde hace décadas y es una verdadera herencia cultural de las viejas y tradicionales oligarquías de agroexportadores (los “gran cacao” a la cabeza), comerciantes y banqueros que hegemonizaron el régimen oligárquico que rigió desde inicios del siglo XX hasta la década de 1960.
Aquellas élites del pasado siempre vieron al Estado como enemigo, excepto en sus recursos, de los que siempre han aprovechado; no pagaban impuestos y sobre-explotaban a los trabajadores, además de administrar despóticamente el poder político. La teoría neoliberal calzó perfectamente con esos comportamientos. Y aparecen ahora imitadores de Milei, pues también hay en el país flamantes “libertarios” y think-tanks que los cobijan. Hoy, las tesis sobre “achicamiento” del Estado y privatización de los bienes y servicios públicos solo exhiben -y en apenas seis años- los dramáticos resultados sociales y de vida cotidiana que transformaron al Ecuador y lo convirtieron en noticia mundial que duele y avergüenza.
Es evidente que el panorama a solucionar y enfrentar es muy difícil y complejo. Para un gobierno presidido por Luisa González el desafío habría sido mayor, pues en menos de dos años tenía que demostrar que es posible recuperar un camino viable para la sociedad de bienestar y buen vivir que espera la población.
Las derechas económicas y políticas no habrían desperdiciado un solo minuto para bloquearlo e impedirlo. De ello hay una enorme experiencia latinoamericana. Pero para Daniel Noboa, el camino de la continuidad es mucho más fácil, pues cuenta a su favor con la “institucionalidad” dejada por los dos últimos mandatarios a los que sucede y con los cuales coincide en el modelo económico y social a seguir.
Es previsible una mayor afectación a la seguridad social y a los derechos laborales. Si su gestión resulta igual o peor que la de Guillermo Lasso, podría pensarse que las derechas corren el riesgo de perder las elecciones presidenciales de 2025; pero el problema que han comprobado las elecciones de ayer es que no importa la mala gestión heredada, el país inconforme o un “pésimo” candidato, pues las derechas económicas, políticas y mediáticas, saben cómo realizar sus campañas de ideologización exitosa sobre la mayoría de la población y convencerla que sus gobiernos son los “buenos” y que cualquier alternativa progresista es lo peor que puede llegar.
Bajo una situación de conservadorismo generalizado, las izquierdas tendrán que aprender cómo levantar un proyecto anti-neoliberal y anti oligárquico.
Foto: EFE
