Quito, 14 may (La Calle).- En marzo pasado, el Gobierno Nacional pagó USD 506 millones por servicio de deuda externa, cifra que según el Observatorio de la Dolarización, constituye un abono a un crédito solicitado a Goldman Sachs en agosto de 2018. Ese monto se agrega a los 791 millones cancelados ese mismo mes (marzo 2020), en plena emergencia por Covid-19.
Con Goldman Sachs Group Inc, una banca de inversión domiciliada en Nueva York, el Gobierno mantiene dos créditos por USD 500 millones a ser cancelados a un plazo de 4 años. A cambio de este financiamiento, el país vendió y transfirió a la entidad bonos soberanos por un valor total de mil doscientos millones de dólares. En esta operación la condición es que si el precio de dichos bonos baja, el “Ecuador deberá pagar para mantener la relación fija del 40% en más bonos o cash”.
Por esta condición, denominada “margin call”, realizada en noviembre de 2019, fecha en que los bonos cayeron a 75-80 centavos, el Gobierno desembolsó USD 168 millones, luego USD 36 millones y finalmente, USD 47 millones. A la fecha, USD 429 millones fueron ya han sido devueltos cuando los bonos subieron de precio. En los meses de febrero y marzo, los bonos se desplomaron nuevamente y el Gobierno debió cancelar USD 256 millones en febrero y USD 506 millones en marzo. La garantía es de estos créditos es de USD 2400 millones. Es decir, si el Gobierno “no paga alguna de sus obligaciones, entre ellas, el pago de los USD 1000 millones solicitados hasta 2022 deberá pagar los USD 2400 millones”, aseguró Andrés Arauz, del Observatorio de la Dolarización, en entrevista con este medio. Todas estas operaciones, como expresó Aráuz, consolidan una apuesta especulativa.
Según el Observatorio de la Dolarización para agosto de 2018, “no había necesidad urgente de liquidez, de acuerdo a cifras del Banco Central que para agosto de 2018 reportó USD 630 millones en la Cuenta Única del Tesoro y USD 2097 millones en depósitos. Para octubre del mismo año, la cuenta única ascendió a USD 861 millones y los depósitos a USD 2345 millones.
Es definitiva, el Gobierno de Moreno se endeudó en USD 1000 millones que condicionan al país a soportar los efectos de una apuesta “de alto riesgo” que en caso de no ser cubierta significaría un desembolso USD 2400 millones para 2022.
