Desde hoy, 20 de octubre, y por 19 días más la oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) visitará el Ecuador para investigar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y abusos en las protestas contra las medidas económicas y laborales del gobierno de Lenín Moreno protagonizadas del 3 al 13 de octubre.
Pero el pasado sábado 19 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ya recibió al Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) quienes defienden los derechos de los trabajadores, pueblos y nacionalidades.
La fundación sin fines de lucro que está conformada desde 1997 visitó a tres representantes populares que se encuentran detenidos en la cárcel 4 de Quito. David Peña Rodríguez, integrante de CDES denunció varias irregularidades.
“Los tres detenidos son dignidades elegidas popularmente que participaban en las protestas. Según ellos, los emboscan, detienen a 130 personas, pero solo 9 son acusados de un delito de obstrucción de servicio público”, dijo Peña. Agregó que el 24 de octubre iniciará el juicio “en un proceso muy acelerado; la Fiscalía pidió renunciar a todos los procesos. Puede ser el primer juicio a personas que, ejerciendo su derecho a la protesta, puedan ser sentenciados arbitrariamente por el gobierno de Lenín Moreno”.
En ese sentido, dijo que CDES seguirá el proceso y se mantendrá vigilante de la integridad de las personas dentro de la cárcel. “Se trata de apresamientos y acciones judiciales para un bloque multipartidista que denota acciones en contra de un grupo de oposición” dijo el delegado internacional.
A ellos se unió Manuel Pineda, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España y eurodiputado quien denunció que la Cancillería ecuatoriana le impidió visitar a la prefecta de Pichincha Paola Pabón, quien se encuentra detenida en la Cárcel de Cotopaxi. “El gobierno de Lenín Moreno inició una cacería de la oposición”, explicó y exigió que los presos políticos sean liberados.