Quito, 10 ago (La Calle). – Los docentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) cumplen este martes su día 30 en huelga de hambre. Un total de 80 profesores se encuentran en carpas esperando los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Gobierno Nacional.
“La salud se va descomponiendo poco a poco. Estamos ya 30 días aquí sin haber probado alimento. El único sustento que tenemos es agua panela, hidratante para restablecer algo de sales en el organismo. Sin embargo, el constante mareo que siente nuestro cuerpo, necesitamos ayuda para ir al baño, hemos tenido que recurrir al suero. Con la debilidad de nuestro cuerpo no se pueden ver las venas y es difícil inyectar el suero. Hay veces que nuestro organismo rechaza el agua y vomitamos”, dijo a Radio La Calle, Dora Morocho, expresidenta de la UNE Rumiñahui.
Para Dora y los nueve profesores que permanecen en una carpa a las afueras de la Asamblea Nacional, soportar el frío de las noches quiteñas y la ausencia de sus familias hacen complicada la situación. “Tenemos un objetivo: el bienestar de la educación”, dicen.
Autoridades en silencio
La Corte Constitucional no ha dado paso al pedido de revisión de la Ley Orgánica de Educación Intercultural que aprobó el anterior período legislativo y que el Ejecutivo no ha puesto en marcha. Los docentes piden a los jueces celeridad en este pedido.
“En sus manos está el porvenir de la educación. No solamente de los maestros sino del mejoramiento del sistema educativo. El Estado debe estar pendiente porque debe garantizar la calidad de la educación a nivel nacional”, añade la dirigente.
La UNE en huelga
80 maestros están en huelga de hambre a nivel nacional. Grupos de estudiantes, de los barrios en Quito se encarga de llevarles agua para su aseo personal. “En la provincia de Pichincha ingresaron 12 docentes, quedan 10. Dos de ellos, al estar descompensados en su salud se retiraron y están en casas de salud”, indicó el presidente de los barrios de Quito, Willian Basantes.
De los docentes en la carpa, una sufrió una descompensación y tuvo que recibir atención médica. “El Estado no se pronuncia, ni es capaz de aportar con un médico. La propia organización tiene que costear la atención médica de los profesores”, agregó Basantes.
