Quito, 20 ene (La Calle).- La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, se acogió al derecho al silencio ante las denuncias de fraude procesal, en el caso del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión.
La esposa de Carrión, Priscila Schettini, y el abogado defensor, Richard González, denunciaron que Salazar habría forjado pruebas y documentos para justificar la detención de Freddy Carrión. González explicó que la verificación del código, que se registra en la firma electrónica de la Fiscal Salazar, evidencia que el documento fue firmado el 17 de mayo y no el 16 de mayo del 2021, como aparece en el expediente.
Diana Salazar evadió y no respondió a las preguntas. Argumentó que no existe nada para desconfiar de la justicia ecuatoriana y que no existen irregularidades en el caso de Freddy Carrión.
La fiscal mencionó que esta caso penal “fue motivo de un amplio análisis pasando por decisiones jurisdiccionales que efectuaron los controles de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de las actuaciones de Fiscalía”.
Salazar dijo también que “la discordancia de fechas entre el documento de detención emitido y la fecha de la firma responde a la formalización de las disposiciones verbales dadas en su momento a las dos fiscales delegadas”.
Schettini solicitó al Legislativo, el pasado 7 de enero del 2022, que investiguen estas inconsistencias. También solicitó un juicio político en contra de la Fiscal General del Estado.
