Por: Jackie Herrera
Se cumplen 76 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin embargo, en Ecuador este ha sido el año de mayor vulneración a esos derechos. Entre estados de excepción, militarización a la ciudadanía y faltas a la Constitución de la República nuestro país ha dado que hablar en la comunidad internacional. Además, por supuesto, del irrespeto a los derechos de las mujeres en la política nacional y la libertad de expresión.
El retroceso ecuatoriano en derechos fundamentales
El secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha dicho hoy, en el marco de esta conmemoración, que “cuando un derecho es vulnerado, todos los derechos se ven afectados”, y es algo que se ha palpado a nivel mundial con las guerras en Medio Oriente y los genocidios cometidos en Palestina y Gaza, pero también lo palpamos en nuestro país. La restricción a la protesta social y el uso de las fuerzas armadas en contextos que sobrepasan lo que establece la Carta Magna es prueba viva de que el legado de la Declaración Universal no le ha interesado a nuestros últimos gobernantes.
Un 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas en París establecía por primera vez que los derechos humanos fundamentales deben protegerse en el mundo entero, como un proyecto global para leyes y políticas internacionales, nacionales y locales, además de un pilar esencial de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En este contexto, el artículo 11, numeral 3, de la Constitución manda que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos “serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial” en un Estado constitucional de derechos y justicia, con base en el primer artículo de la Ley Suprema.
A pesar de que esto implica garantizar el goce de estos derechos en las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos en una nación intercultural y plurinacional, el gobierno del presidente Noboa ha preferido obviar su mandato como jefe de Estado a cumplir y hacer cumplir estas disposiciones. Así se ha evidenciado en la justificación casi inventada de un enemigo interno con la declaratoria de “grave conmoción interna y conflicto armado interno” a través del Decreto 111 del pasado 9 de enero y, luego, con la serie de otros decretos como el 410 que ha mantenido al país en un permanente estado de excepción que ha traído otras tantas consecuencias sociales y económicas. Algo que fue observado como preocupación internacional por parte de la ONU, en su informe de evaluación periódica al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 7 de noviembre de 2024.
Pero esta situación ya viene de tiempo atrás con los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, quienes han insistido en reformar la Constitución por las demasiadas libertades ciudadanas y la restricción de grupos empresariales en la política nacional. Moreno y su exministra del Interior fueron responsables de la represión a las manifestaciones de octubre de 2019; y, Lasso reprimió a las organizaciones indígenas, gremiales y sociales en junio de 2022 que, según la alianza por los Derechos Humanos Ecuador, causó una crisis de derechos humanos por las múltiples denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes.
Sin embargo, y para estar peor como país, no solo la represión a la protesta social se enmarca en esta vulneración de derechos humanos. La comunidad internacional también ha observado la crisis multidimensional que hoy atraviesa Ecuador como una falta de garantías. Condiciones como la pobreza, pobreza extrema, falta de acceso a la educación y a la salud pública, extracción de recursos no renovables y el desempleo son algunos factores que se suman a la lista de incumplimiento de derechos fundamentales. Y como si fuera poco, la persecución política y la intromisión en el sistema de justicia ha violentado derechos de figuras políticas, actores sociales y periodistas.
Entonces, cómo podemos celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos en un país que ha venido en retroceso en la materia y que afecta a todos los demás derechos. El Ecuador ha pasado de ser un referente en la Región a ser calificado como uno de los más inseguros del mundo, con altos índices de criminalidad y pobreza. El país ha pasado de ser un Estado constitucional de derechos y justicia, a ser uno de los países donde la justicia esta cooptada y la ciudadanía a merced de las migajas de los gobernantes.
