Quito, 11 mar (La Calle).- El Frente Nacional Antiminero denunció enfrentamientos presuntamente provocados por la fuerza de choque contratada por la empresa canadiense minera Atico Mining. Los disturbios se presentaron en Sigchos, Cotopaxi.
El colectivo alertó sobre la presencia de paramilitares armados en el sector. De la misma manera, señaló que los “vigilantes” atacaron a los campesinos de Las Pampas, un sector de Sigchos. En imágenes que circulan en redes sociales, se observa a uno de los afectados con golpes en su cabeza y mano.
“Responsabilizamos a Daniel Noboa de las consecuencias de su política minera”, resalta el tuit del colectivo.
De la misma manera, la Conaie detalló que, el 7 de marzo de 2024, individuos armados paramilitares, identificados con la “Junta de Defensa del Campesinado”, que se vincula con empresas mineras desde el 2021 se reunieron en Palo Quemado. Según el movimiento, el grupo armado realizó controles de carretera no autorizados, solicitaron documentación a los transeúntes y portaban armamento pesado.
Posterior a eso, el 9 de marzo, cerca de 20 campesinos fueron intimidados cuando se dirigían a una asamblea comunitaria. Además, ingresaron a sus domicilios y amenazaron a todos sus familiares.
“Todo eso a los opositores a la empresa canadiense y su subsidiaria La Plata. Todo eso en complicidad del Estado”, reza el comunicado.
También acusó al gobierno y al presidente Daniel Noboa por incrementar el riesgo de enfrentamientos civiles violentos. En el comunicado, detalla que todos los procesos serían para beneficiar a las empresas mineras.
Una consulta inconstitucional
El Ministerio de Ambiente realizó una consulta ambiental en julio de 2023. El proceso fue calificado de ilegítimo por la población y declarado inconstitucional por la Corte Constitucional (CC). La Conaie enfatizó que esta acción se desató en medio de una represión hostil que dejó a seis campesinos lesionados, dos de ellos de gravedad.
Yasunidos también se pronunció al respecto y se solidarizó con sus compañeros de Sigchos, quienes sufrieron agresiones por resistirse a la minería. De la misma manera, responsabilizó al gobierno de los futuros actos y hechos que se desaten.
“Es su gobierno el que ha decidido de manera ilegal dar respaldo a proyectos mineros a pesar de la clara resistencia y oposición de las poblaciones en territorios”, detalla el documento.
