Quito, 31 ene (La Calle).- La asambleísta por UNES, Sofía Espín solicitó a la Contraloría General del Estado un examen especial a la subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia , Karen Sichel, por presunto uso de bienes y recursos públicos a favor del SÍ en la consulta popular 2023.
La Asesora Presidencial ha hecho visible su campaña por el SÍ a través de medios de comunicación y redes sociales. Esta acción ha llevado a Sichel a viajar por distintos rincones del país, dónde promueve su propuesta sin cumplir con la ley electoral.
El ámbito que más preocupa a la parlamentaria es que presuntamente Sichel, quien gana más de USD 3 mil, estaría valiéndose del apoyo de otros funcionarios y utilizando recursos financieros para el proselitismo político. Por ello, solicitó la investigación a la Contraloría.
Como ejemplo, describió el altercado suscitado en la Mitad del Mundo, en donde la funcionaria del Gobierno dijo “ yo vengo en un vehículo, es mi seguridad”, por lo que se presume que venía con otros servidores públicos y estaría utilizando bienes muebles del Estado.
¿Qué dice la ley?
Para la legisladora, el problema también radica en que se trata de una funcionaria pública y dentro de su actividades tiene las mismas habilidades y prohibiciones de cualquier otro servidor público. Según lo determina el artículo 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP):
“Prohíbese a las servidoras y servidores públicos lo siguiente: Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos fines”.
Las funcionarias de Lasso en campaña por el SÍ
El 25 de enero, la asambleísta de UNES, Patricia Núñez denunció a la viceministra de Gobernabilidad, Ana Changuín, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por proselitismo político a favor del SÍ en centros educativos.
La funcionaria, quien tiene un salario mayor a USD 4 mil, promocionó las preguntas de la consulta popular de Lasso en la visita a la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez y en el Diálogo con el Gremio de Artesanos y Directores zonales de las provincias de Cañar y Azuay. Estos eventos los difundió a través de sus redes sociales el pasado 16 de enero y se puede observar su clara persuasión para votar por el SÍ.
En la denuncia al TCE también consta la asesora de la Secretaría Jurídica de Presidencia, Amalia Fernández, quien percibe un salario de USD 2.115. La funcionaria asumió la vocería a favor del SÍ en la consulta popular en entrevistas y redes sociales. (A.G.M).
