Quito, 30 sep (La Calle).- La madre de un recién nacido con parálisis cerebral e insuficiencia respiratoria denuncia ante autoridades de salud y Defensoría. El Hospital Roberto Gilbert de Guayaquil pretende dar de alta a este paciente en doble condición de vulnerabilidad; su condición médica y la falta de recursos económicos.
«Ignorando mi condición económica, repentinamente me dicen que mi hijo está estable y que deben darle la salida; me ordenan comprar máquinas y tener un lugar adecuado para él. Pero simplemente es imposible que reúna el dinero suficiente, así que están condenando a mi hijo», asegura María Fernanda Rivas, miembro de la Agrupación Nacional de Pacientes y Familias Vulnerables del Ecuador.
En medio de la crisis económica causada por la pandemia y de las precarias condiciones laborales generadas por el Gobierno, este hospital de la Junta de Beneficencia de Guayaquil pretende dejar en la indefensión a un niño de apenas un año que depende de máquinas para poder seguir viviendo.
La denuncia de la madre apela a la protección que brinda la Constitución del Ecuador en sus Artículos 35 y 50; la ley determina que niños, niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas privadas de la libertad y personas con enfermedades catastróficas tienen derecho a recibir atención prioritaria por parte de cualquier entidad, sea pública o privada.
