Quito, 17 nov (La Calle).- A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que realizará una visita de trabajo a Ecuador, del 1 al 3 de diciembre, para analizar la situación que enfrentan las personas privadas de libertad, en los centros penitenciarios.
La institución expresó su preocupación ante los graves hechos de violencia ocurridos en la Penitenciaría del Litoral, los días 12 y 13 de noviembre, en los resultaron, al menos, 68 personas privadas de libertad asesinadas y 25 heridas.
Asimismo, el documento expresa que «urge al Estado adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de quienes están bajo su custodia; investigar estos hechos, identificar y sancionar a los responsables; y prevenir su repetición».
La CIDH indicó que «toma nota» de las medidas adoptadas por el Estado para recuperar la Penitenciaría, en particular, el despliegue de casi 1.000 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que habrían logrado recuperar el control de todos los pabellones de la cárcel.
Además, la Comisión señala que observa con preocupación la declaración de huelga de hambre, de personas privadas de libertad los días 13 y 14 de noviembre, en las cárceles de Turi y Cotopaxi, en rechazo a los hechos de violencia. Aunque esta acción ya habría concluido, según información del Estado.
La Comisión Interamericana advierte que estas muertes ocurrieron en un contexto de reiterados enfrentamientos. «En lo que va del año 2021 se documentaron 316 personas privadas de libertad fallecidas, como resultado de estos hechos de violencia. Estas cifras multiplican, casi siete veces, las muertes violentas en detención, respecto a los 46 fallecimientos reportados en 2020», señala el comunicado.
El organismo reitera que es deber del Estado ecuatoriano implementar acciones efectivas para prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en centros de privación de la libertad. También es su obligación prevenir el accionar de organizaciones delictivas, imponer controles efectivos, implementar protocolos para prevenir amotinamientos, restablecer las condiciones de seguridad e incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia interior.
De igual forma, reitera que el Estado debe investigar de oficio, de forma seria, pronta e imparcial los hechos de violencia e identificar y sancionar a los responsables.
