Quito, 18 ago (La Calle). – La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección ante la justicia para exigir el pago inmediato de los salarios adeudados a los servidores públicos por parte del gobierno de Lenín Moreno.
«La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección en el Complejo Judicial Norte de la ciudad de Quito para exigir el pago inmediato de las remuneraciones a las y los servidores públicos que se encuentran impagos de sus haberes por parte del Gobierno nacional», dijo un comunicado de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.
El órgano no precisó el monto adeudado ni el tiempo de la deuda.
En las instituciones públicas laboran personas que, por su condición, pertenecen a grupos de atención prioritaria como personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas con enfermedades críticas, quienes, por la falta de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no tienen acceso a sus tratamientos periódicos en los centros de salud que otorga el sistema de seguridad social.
¿Quiénes no reciben su remuneración?
Médicos, profesores, trabajadores de distintas instituciones y empresas públicas tienen entre uno y dos meses de retraso en el pago de sus sueldos. Los galenos ya han levantado su voz exigiendo su derecho, pese a que el Ministro de Salud desconoce fecha de pago de sus sueldos.
La crisis ha sido tan dura con el sector de la salud que incluso, hace pocos días, el gobierno de Lenín Moreno despidió médicos, sin embargo, restauró el sueldo completo de USD 4 283 mensuales a viceministros.
Trabajadores de los medios públicos también exigieron el pago de sus sueldos, antes de la extinción de estos. Con el hashtag #MiSueldoMiDerecho, los trabajadores de los Medios Públicos levantaron su voz ante la falta de pago de dos meses de salario. El pedido se convirtió en tendencia en Twitter en los primeros días de agosto.
Ecuador está enfrentando una complicada situación económica debido a los efectos de la pandemia y al derrumbe del petróleo, su principal producto de exportación, que este año podría significarle una contracción económica de alrededor de 10% de su Producto Interno Bruto.
