Quito, 03 mar (La Calle).- La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento este 03 de marzo acerca de las altas cifras de femicidios en Ecuador, en lo que va del 2020. La entidad exige al Estado ecuatoriano “la atención debida y la urgencia al cumplimiento de las tareas que le corresponden para combatir este flagelo social”.
Además, asegura que la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el actual acceso a la justicia no son suficientes para hacer frente a este grave problema. La razón, señala, es que no se destinan suficientes recursos para la ejecución de “planes, proyectos, protocolos y el cumplimiento de competencias”.
La acción del gobierno se exige con premura, ya que, en tan solo dos meses, las cifras de femicidios ascienden a 16. Uno de estos casos, sin embargo, no fue considerado como femicidio, a pesar de que el hombre capturado envenenó a su conviviente y su hijo de seis años.
“El fiscal de turno, Robert Acosta, formuló cargos por el presunto cometimiento del delito de asesinato, puesto que –a su juicio– no contaba con uno de los elementos constitutivos para acusar al detenido por femicidio” sostiene Fiscalía en el boletín de prensa FGE Nº 198-DC-2020 del 27 de febrero.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas ya había realizado observaciones al estado ecuatoriano en 2015. En 2017, emitió otro informe para solicitar una respuesta acerca de las acciones tomadas para erradicar la violencia contra la mujer.
En él, se recomienda “agilizar la aprobación de un completo plan de acción nacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, que comprenda la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer, tales como la física, la sicológica y la económica, establezca un presupuesto y un marco cronológico adecuados y prevea la realización de programas de educación y toma de conciencia”.
En este marco, la Defensoría del Pueblo concluye su pronunciamiento exigiendo al gobierno nacional la reformulación de su política de gasto e inversión, de manera que se puedan llevar a cabo todas las acciones necesarias para evitar que las cifras sigan aumentando. Si el estado no asigna los recursos requeridos, más muertes que podrían ser evitadas, seguirán ocurriendo.
