Quito, 29 mar (La Calle).- La Defensoría del Pueblo presentó medidas cautelares en contra de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas por la venta de los activos de la Empresa de Medios Públicos en liquidación. El pedido se presentó en la Unidad Judicial Civil de Quito en la parroquia Iñaquito.
“La Defensoría del Pueblo considera que la venta de los activos, como equipos, las 66 radiorepetidoras de radio FM, las 93 estaciones ECTV, las 18 estaciones pequeñas ECTV a escala nacional. Las imprentas, las 4 unidades móviles, el patrimonio audiovisual generado, entre otros insumos de propiedad de los medios públicos. La venta puede menoscabar el derecho a la libertad de expresión de quienes todavía trabajan en los mismos”, dice parte del comunicado del organismo.
La medida cautelar que se solicita es “comunicar al Gerente de Medios Públicos en liquidación, al Gerente General de la Empresa Pública de Comunicación Ecuador EP y al Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que no se realice la venta o subasta de los activos de los medios públicos”. La razón de esta acción es que dicha subasta no debería adoptarse a solo dos meses de que culmine la gestión del actual Gobierno. Además, se pide que la medida esté vigente hasta el 24 de mayo de 2021, día en el que se producirá el cambio de gobierno.
Subasta en Medios Públicos
El pasado 9 de marzo, la Empresa de Medios Públicos en liquidación anunció la subasta del inventario de bodega.
«La empresa Medios Públicos invita a las personas naturales y jurídicas para que participen en el proceso de subasta del inventario de bodega. Cajas de papel, cartulinas, cajas de tinta e insumos de imprenta», explica un vídeo para difundir el proceso. Los ítems a subastarse se encuentran en la bodega de Guayaquil en la calle Carlos Julio Arosemena kilómetro 1.5.
No es la primera subasta. El pasado 24 de febrero también se remataron los vehículos que eran propiedad de Medios Públicos. «Todoterreno, vehículos y motocicletas de su propiedad conforme lo prescrito en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los bienes públicos».
