Quito, 06 sep (La Calle). – La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por el pedido del fiscal Alberto Santillán de una nueva audiencia para cambiar las medidas cautelares de la prefecta Paola Pabón. Esta decisión que podrían llevar a la encarcelación de la autoridad provincial.
“La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la solicitud realizada por el fiscal provincial de Pichincha. Acción que derivaría en el uso excesivo de la figura de la prisión preventiva, lo que la priva de sus derechos políticos”, indica parte del comunicado.
La institución agrega que la Convención de Belem Do Pará reconoce que :toda mujer podrá ejercer sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
También contará con la protección de estos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos”. Además, la población carcelaria hasta el 26 de agosto era de 38.030 privados de libertad sobre una capacidad de 29.463. Existe un hacinamiento del 29,08%, lo que dificulta la atención a los ciudadanos.
Asilo Político
La Cancillería respondió al pedido de revisión de asilo político en la Embajada de México que hizo la propia prefecta.
“Cumplo informar a usted que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene registro de alguna notificación por parte de una misión diplomática sobre un pedido de asilo político”.
El pasado 1 de septiembre, trascendió la información que el juez Vladimir Jhayya Flor convocó a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón a una audiencia para la revisión de medida cautelares.
Esto debido a un pedido del fiscal Alberto Santillán sobre una alerta de pedido de asilo político de la prefecta.
“El juez ha dado paso al pedido del fiscal para revisar las medidas sustitutivas ¡Paren las injusticias! No es necesario revisar las medidas. No es necesario encarcelarme, ya que no he pedido asilo a ninguna embajada”, escribió Pabón en su cuenta oficial de Twitter.
