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Decidieron «policializar» las prisiones y ocurrieron las peores masacres

Quito, 7 abr (La Calle).- Christopher Gallegos, exsubsecretario de Rehabilitación Social, explicó que «policializar» las prisiones no ha sido favorable para el sistema de rehabilitación social. Dijo que desde el 2018, el sistema penitenciario pasó a manos de la Policía y, en ese mismo año, ocurrieron amotinamientos y masacres al interior de los recintos.

Para Gallegos, este escenario facilitó la situación de violencia y tráfico de armas. Sostuvo que la corrupción de los cuerpos de seguridad fueron un elemento para lo ocurrido en las cárceles.

Además, señaló que, de acuerdo a la Comisión de Pacificación, la corrupción va más allá. Esta Comisión advirtió al presidente Guillermo Lasso que existen miembros de las fuerzas policiales quen protegen a peligrosos líderes delictivos.

«Si la Policía Nacional está tutelando al crimen organizado, dentro o fuera de las cárceles, cuanto menos hay que hacer un proceso de autodiagnóstico y autodepuración», afirmó. Siguiendo esa línea, también expresó que problemas como este son un secreto a voces. Recordó como se ha exportado droga con la venia de funcionarios públicos.

También reflexionó que aplicar modelos más drásticos de penalización en el sistema carcelario no sería una alternativa. Para él, la línea a seguir es la verdadera rehabilitación de los privados de libertad.

Señaló que el sistema no tiene este objetivo. «Pensar que las cárceles son bodegas humanas no es una de las alternativas para solucionar el problema», dijo Gallegos.

El Estado y las prisiones policializadas

El exsubsecretario aseguró que el mismo Estado propicia dificultades a personas de sectores marginales. «Ha condenado a estas personas, en un primer momento, a que vivan en condiciones deplorables. Y, luego, esas personas se ven abarcadas por conductas delictivas. El Estado los vuelve a condenar, ahora sí, con la imposición de una pena. El Estado está condenado, por un lado con la pobreza, y por otro lado está condenando el microtráfico».

Según Gallegos, el 40% de la población carcelaria está procesada por delitos económicos. Es decir, unos 16.500 privados de libertad. A esto se suma un 30% de la población carcelaria sentenciada por delitos relacionados al microtráfico de drogas. Manifestó que estos grandes males van de la mano de la pobreza y la ausencia de el Estado.

Añadió que por más que una persona se ‘rehabilite’, mantendrá un estigma social y antecedentes penales. Aclaró que muchos empleos solicitan el récord policial a sus aspirantes.

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Propuso que quienes se rehabilitaron y estudiaron, trabajaron o desarrollaron alguna actividad artística dentro de prisión, tengan la posibilidad de reincorporarse. Esto, a través de estamentos institucionales, del sector privado o público.

Denunció que la sociedad es mezquina y prejuiciosa y, por ello, tampoco existen políticas públicas que faciliten la reinserción de estas personas. «Quienes están en este momento en el poder están más preocupados por ocultar sus delitos que en sofocar las necesidades de la sociedad actual», concluyó.

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