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«De demostrarse la evasión podría darse una destitución», Jorge Acosta

Quito, 05 oct (La Calle). – El abogado y expresidente de la función electoral, Jorge Acosta, indicó que de demostrarse que el presidente, como funcionario público, tiene directa o indirectamente empresas en el exterior y practica la evasión fiscal, podría ser destituido.

¿Es legal la evasión de impuestos?

La existencia de empresas offshore no tiene que tacharse de por sí, como ilegal. Es normal en el giro comercial internacional que existan estas empresas. Su existencia no implica un delito, sino el uso que se da sea para esconder dineros procedentes de la corrupción pública o de evasiones fiscales y tributaciones en cada uno de los países.

Estos 600 periodistas han hecho una labor profunda para detectar estos casos. En el caso presente en Delaware, personas jurídicas arman sociedades de carácter extranacional para establecer un poderoso escudo fiscal y no tributar conforme a las leyes que determina el Ecuador. Implica un prejuicio fiscal y una evasión de la norma que prohíbe ocupar cargos y funciones públicas.

Nuestra ley también prevé la destitución para quienes incurran en estas actividades. De comprobarse en el campo político y judicial debería tener consecuencias de carácter político, administrativo y también investigaciones de carácter penal.

El presidente Lasso ha dicho que los consorcios en EE.UU. no tienen relación con él ¿Debería investigarse si esto es cierto?

La Constitución ordena que se presuma la inocencia de las personas hasta que se haya probado lo contrario. Esto sucede cuando se realiza una investigación que debe realizar la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y en el ámbito legal está asignada a la Fiscalía General del Estado. Debieron ponerse en marcha inmediatamente para clarificar este asunto.

¿Existe algo que pueda hacer el Consejo Nacional Electoral con este tema?

Estas investigaciones no son competencia de la función electoral. La función electoral organiza elecciones, cuenta los votos, proclama resultados y posesiona a los electos. La investigación de responsabilidad política corresponde a la Asamblea Nacional.

En el lado penal es trabajo de la Fiscalía descubrir si existe evasión fiscal. En lo administrativo, la Contraloría General del Estado debe realizar una investigación, de encontrarse culpabilidad puede desprenderse una sanción de destitución.

Si esto sucede debería ir a la Asamblea y la Corte Constitucional para que se emitan los dictámenes correspondientes, en caso de existir algún indicio de ilicitud o responsabilidad si lo determina la ley. Las autoridades elegidas por voto popular tienen prohibido tener empresas, directa o indirectamente, en el exterior.

¿Cuánto tiempo tomaría?

La Contraloría con un examen especial podría tardar, con la solicitud de información al exterior, de cuatro a seis meses. Luego de eso vendría el pronunciamiento de la Asamblea u la Corte Constitucional. El resto es un poco más ágil. En el caso de Fiscalía, para responsabilidades legales, tiene hasta dos años para hacer la investigación.

¿Existe la voluntad política de estas instituciones?

Esperemos que sí porque muy agiles en temas de corrupción no han sido. Más ha primado el show que la agilidad en las acciones. Los amarres en el caso de la señora Cerda, pese a que hizo apología del delito, su sanción fue de 15 días sin sueldo. En el caso de Bella Jiménez hay una Comisión que recomienda la destitución, pero no hay rapidez.

En el ámbito de Fiscalía hay casos que duermen el ‘sueño de los justos’. INA Papers ya pasó de los dos años, pero aún se sigue investigando. Hay casos como Las Torres donde la investigación ha sido sumamente ágil, todo depende de la voluntad que pongan los políticos.

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