La reciente expulsión del asambleísta Sergio Peña de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) ha desatado un intenso debate sobre la disciplina interna del movimiento y el papel de la oposición técnica en Ecuador.
Peña fue separado de las filas correístas tras votar a favor del informe de la Ley urgente de Economías Criminales impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, en contra de la línea definida por su bloque.
Este incidente expone tensiones profundas dentro de RC. Enfrentan lealtades partidistas con criterios técnicos legislativos. Esto pone bajo la lupa el centralismo en la toma de decisiones de la principal fuerza opositora.
La bancada de la Revolución Ciudadana anunció la expulsión de Sergio Peña, acusándolo de “traicionar” los principios del movimiento. El legislador quedó aislado de sus excolegas tras apoyar el proyecto gubernamental contra las economías criminales.
Un voto “traidor” y la expulsión inmediata de Peña
El 29 de mayo de 2025, la bancada de RC oficializó la expulsión inmediata de Sergio Peña tanto del bloque legislativo como del movimiento político. En un comunicado público, la dirigencia acusó al asambleísta de “mentir al país” y “traicionar nuestros principios”, señalando que “no tolerará actos de deslealtad” dentro de sus filas. “A las manzanas podridas se las separa de las íntegras”, sentenció el pronunciamiento, en el que RC tildó la actuación de Peña como un episodio de oportunismo y afirmó que la medida responde a una “responsabilidad política ineludible”. La bancada advirtió incluso un proceso de “depuración interna” frente a quienes se aparten del proyecto político, reafirmando que la ética y coherencia con los principios fundacionales son innegociables.
La decisión llegó apenas horas después de un agrio cruce público entre Peña y la excandidata presidencial Luisa González, máxima directora de RC. González había cuestionado duramente el sentido del voto de Peña en la Comisión de Desarrollo Económico, donde él respaldó el informe para primer debate de la Ley de Economías Criminales a pesar de que la directiva del bloque había resuelto abstenerse en esa instancia.
Según reveló el propio Peña, tres días antes la orden interna de RC fue “votar en contra” del informe del Ejecutivo, marcando una postura de rechazo total a la iniciativa gubernamental. Sin embargo, en la sesión del 27 de mayo, Peña se desmarcó: votó a favor del texto, convencido de que varias de sus observaciones técnicas habían sido incorporadas durante el trámite en comisión. Este sorpresivo apoyo al proyecto de Noboa fue interpretado por sus compañeros como una “traición insalvable” a la línea partidista.
La Ley de Economías Criminales: contenido y puntos polémicos
El proyecto que detonó la controversia es la Ley para Combatir las Economías Criminales, calificada como urgente por el Ejecutivo en medio de la creciente inseguridad. Oficialmente denominada “Ley de Solidaridad Nacional” en la Asamblea, esta iniciativa busca enfrentar las finanzas del crimen organizado mediante alianzas Estado-empresa privada y reformas legales de gran alcance.
Uno de sus ejes permite que el sector privado done hasta el 30% del Impuesto a la Renta en forma de insumos, equipos y bienes para respaldar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la lucha contra las mafias. Estos aportes requerirían autorización del Ministerio del Interior o de Defensa, según corresponda, y valoración del Servicio de Rentas Internas para aplicar el beneficio tributario. La propuesta busca “la unión y trabajo conjunto entre el Estado y la empresa privada para enfrentar al crimen organizado”, explicó la asambleísta oficialista Valentina Centeno al defender el espíritu de la ley.
No obstante, la atención pública se ha centrado en el componente penal del proyecto, que trae reformas polémicas. Por un lado, se tipificaría como delito la pertenencia a bandas de delincuencia organizada, más allá de la comisión directa de crímenes, con penas que superarían los 25 años de prisión aun si no hay evidencia de delitos específicos. Adicionalmente, el texto impulsa reglas más estrictas contra quienes provoquen “disturbios y terrorismo” en las calles, lo cual ha despertado alertas sobre potencial criminalización de la protesta social.
En la versión original del Ejecutivo se proponía crear jueces especiales para un supuesto “conflicto armado interno” y limitar a solo 15 días las investigaciones de estos casos; pero en comisión se eliminaron los nuevos jueces y se amplió el plazo investigativo a 90 días, atendiendo observaciones de juristas que exigieron procesos más robustos.
Igualmente, se incorporó de forma explícita el respeto a los tratados de Derechos Humanos en los principios de la ley, para prevenir que las nuevas facultades se presten a perseguir a periodistas, políticos u opositores bajo el pretexto de combatir el crimen. Estos ajustes, introducidos en pocos días de trabajo técnico, moderaron algunas de las aristas más duras de la iniciativa original. Aun así, el proyecto en su conjunto ha sido comparado con estrategias de mano dura al estilo Bukele y genera preocupación en sectores garantistas. Revolución Ciudadana, principal bancada opositora, adelantó reparos de fondo: temía que la ley atentara contra derechos y consolidara una agenda punitivista del gobierno. En consecuencia, el bloque correísta condicionó su apoyo a incorporar cambios y en un inicio definió que ninguno de sus miembros debía respaldar el informe hasta que sus observaciones fueran plenamente atendidas.
Entre lealtad partidista y criterio técnico de Peña
Sergio Peña, abogado especializado en derecho tributario y novato en la legislatura, decidió romper la disciplina partidaria argumentando razones técnicas. Tras su polémico voto favorable en comisión, Peña defendió que “la oposición debe ser propositiva” y no oponerse por mero cálculo político: “¿Oponerse por oponerse? No, gracias” replicó, insistiendo en que actuó con criterio propio de profesional.
Según explicó, la Comisión de Desarrollo Económico sí acogió varias de sus propuestas de cambio al documento – como las garantías de derechos y la no generalización de la prisión preventiva – por lo cual consideró técnicamente válido dar paso al debate en el Pleno “Mis observaciones sí fueron acogidas. La prisión preventiva ya no se vuelve una regla general (como quería el Ejecutivo), volvimos a una prisión preventiva excepcional pero eficaz en casos puntuales”, detalló Peña para ilustrar que su intervención mejoró el proyecto.
Desde su perspectiva, impedir incluso el primer debate de una ley necesaria para combatir al crimen habría sido irresponsable. “Creo que pensar diferente, o pensar dentro del partido, es una traición para ellos (la dirigencia correísta)”, lamentó el legislador refiriéndose a sus excolegas Su posición es que la bancada RC no puede caer en un obstruccionismo sistemático, sino ejercer una oposición firme pero abierta a acuerdos técnicos en beneficio del país.
La cúpula de RC vio los actos de Peña bajo otra luz.
Luisa González señaló que el voto de Peña “no corresponde al criterio técnico, legal y constitucional analizado” previamente por el bloque y, peor aún, contradijo la decisión colectiva tomada internamente. En otras palabras, insinuó que no hubo nada técnico en la postura de Peña, sino un desmarque inconsulto.
Para la dirigencia correísta, el asambleísta faltó a la lealtad colectiva y a los principios progresistas con los que fue electo. De hecho, en el comunicado de expulsión RC subrayó la “contradicción” entre el discurso de campaña de Peña (alineado al progresismo correísta) y sus votos recientes en temas clave. La bancada incluso sugirió que Peña “mintió” a sus electores y puso sus intereses personales por encima del mandato popular.
Detrás de estas afirmaciones subyace la sospecha de que Peña pudo haber sido “cooptado” por el oficialismo, teoría alimentada por algunos hechos: el partido de gobierno (Acción Democrática Nacional, ADN) había propuesto a Peña para puestos clave en el Parlamento – primero como vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego como miembro de la Comisión de Ética – lo cual generó recelos entre los propios correístas.
De hecho, RC se negó a apoyarlo para integrar el CAL, y solo gracias a los votos de ADN, Pachakutik y otros independientes, Peña logró ser elegido al Comité de Ética legislativo. Este inusual respaldo cruzado profundizó la percepción de que actuaba alineado con el gobierno. “Su verdadera lealtad nunca fue con el pueblo que lo eligió, sino con sus intereses personales”, llegó a afirmar RC en su misiva de expulsión, reflejando el quiebre total de la confianza.
Por otro lado, cabe la pregunta, ¿La RC puede sostener alianzas?
No es un caso aislado
Figuras prominentes como Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, han expresado su descontento con la dirección actual del movimiento. En sus redes sociales, Aguiñaga afirmó: «Duele ver en lo que están convirtiendo a la Revolución Ciudadana. El movimiento que construimos con compromiso y esperanza, que fue la primera fuerza política del país, hoy se diluye entre egos e imposiciones».
Asimismo, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha tenido desencuentros públicos con el expresidente Rafael Correa. La tensión escaló cuando Correa criticó al abogado defensor de Álvarez en el caso ‘Triple A’, calificando de «vomitivo» que Ramiro García diera «clases de moral y ética profesional». Álvarez respondió que el comentario era «totalmente innecesario» y una «falta de respeto».
Estos eventos reflejan una crisis de liderazgo y una falta de apertura al debate interno en la RC. La expulsión de Peña por ejercer su criterio técnico y las críticas de Aguiñaga y Álvarez sugieren que el movimiento está priorizando la lealtad ciega sobre la deliberación democrática. Para mantenerse relevante y eficaz, la RC debe fomentar un ambiente donde el pensamiento crítico y la autocrítica sean valorados y no castigados.
Reacciones en el correísmo: unidad vs. pensamiento crítico
La sanción a Peña puso al descubierto fracturas dentro de la propia RC, con reacciones diversas de sus figuras principales. El expresidente Rafael Correa, líder máximo del movimiento (residente en Bélgica), respondió con dureza ante la polémica. En un mensaje publicado en X (Twitter),
Correa tildó a Peña de “vulgar oportunista e impostor” y le exigió que renuncie a su cargo de asambleísta: “Si eres tan ‘digno’, ¿por qué no renuncias a la curul, que sería lo moralmente correcto?” increpó el exmandatario. Correa dejó entrever que para él el caso estaba cerrado con calificativos personales, rematando: “No eres el primero ni serás el último sinvergüenza que nos topemos en el camino”.
La línea dura de Correa dejó claro que, desde la cúpula, no hay tolerancia para quien se aparte del libreto. Es más, el exgobernante sugirió que si Peña tuviera decencia política debería dejar la curul obtenida gracias a RC, devolviendo así la dignidad al movimiento traicionado.
Luisa González respaldó la expulsión enfatizando la necesidad de cohesión.
González había sido la primera en alzar la voz tras el voto disidente de Peña, publicando un comunicado el mismo 27 de mayo. En él advirtió que la actuación de Peña “no corresponde al criterio técnico, legal, constitucional analizado” ni a la resolución tomada en bancada, visibilizando la indisciplina. Sus palabras provocaron la inmediata respuesta desafiante de Peña en redes (“soy un profesional con criterio propio”, “¿Oponerse por oponerse? No, gracias”), lo que a su vez escaló el conflicto. Tras consumarse la expulsión, González habría apoyado internamente la decisión como una muestra de firmeza ejemplarizante para el resto de legisladores: en RC las directrices se siguen, so pena de ser tachado de “traidor”.
Sin embargo, no todo fue unanimidad dentro del correísmo. La reacción de Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas y destacada dirigente histórica de RC, evidenció malestar con la línea dura. Aguiñaga, quien ha marcado cierta distancia con la cúpula en meses recientes, criticó abiertamente la situación: “Esto ya no se parece al proyecto colectivo que defendimos”, lamentó, exhortando a que “la RC debe reaccionar” y corregir el rumbo.
En un mensaje difundido en redes, la prefecta advirtió que el movimiento “hoy se diluye entre egos e imposiciones”, deplorando lo ocurrido con Peña y el curso que ha tomado la organización que ella, Correa y otros fundaron años atrás. Sus declaraciones públicas, inusuales por provenir de una figura de alto perfil del movimiento, reflejan una corriente crítica interna preocupada por el sectarismo.
Aguiñaga llegó a decir que prefiere ser “la oveja negra de la RC antes que callar mi voz”.
tomando distancia de posturas como la denuncia de supuesto fraude electoral que Correa y González enarbolaron tras perder las elecciones presidenciales de 2025.
La postura de Aguiñaga recibió inmediata réplica de Peña en tono irónico: el ex-RC le advirtió que “tenga cuidado con lo que expresa; no vaya a ser que los caciques del movimiento lo lean y le acusen de traición por expresarse con objetividad”. Tal intercambio público entre correístas evidenció el nivel de tensión interna. Acto seguido, ese cruce desató la ya mencionada reacción de Correa, quien salió en defensa de la “compañera” Aguiñaga a la vez que arremetió contra Peña llamándolo oportunista e instándole a dimitir.
En pocas horas, la disputa interna de RC quedó expuesta ante el país: de un lado, la cúpula correísta cerrando filas y calificando a Peña de “manzana podrida” que había que sacar del canasto; del otro, voces dentro del movimiento pidiendo autocrítica por el rumbo que se está tomando.
Incluso dentro del bloque legislativo correísta hubo matices.
La asambleísta Patricia Núñez declaró ese mismo 29 de mayo que en RC “no se obliga” a votar según órdenes de los líderes, aunque reconoció que existe un buró político que delinea las posturas en temas importantes. Núñez consideró que “no era necesario llegar a extremos” como la expulsión y que aún cabía diálogo con Peña, a quien excusó por ser “un compañero nuevo que debe irse acoplando”.
Sus palabras sugieren que algunos en RC hubieran preferido manejar el desacuerdo internamente y con más tolerancia. No obstante, otros dirigentes fueron inflexibles: Jahiren Noriega, también de RC, sentenció que le “tenía sin cuidado” si Peña se iba, afirmando que “un voto más o un voto menos no suma si esa persona no hace política desde los principios y no está alineado a la ética de la organización”. Este contraste de opiniones revela un debate soterrado en el movimiento entre quienes priorizan la unidad monolítica y quienes abogan por dar espacio a criterios propios sin romper la cohesión básica.
¿Oposición constructiva o sectarismo? Análisis y perspectivas
El caso Sergio Peña trasciende la anécdota personal y se interpreta como síntoma de desafíos mayores para la Revolución Ciudadana. Por un lado, deja al bloque correísta con 65 curules en la Asamblea, disminuyendo su capacidad numérica frente a la bancada oficialista de ADN y sus aliados.
En términos prácticos, la salida de Peña – ahora declarado independiente – beneficia ligeramente al gobierno, que ve debilitado al principal bloque opositor. Pero más allá de los números, la controversia ha reavivado cuestionamientos sobre el modelo de conducción interna de RC.
No son pocos los analistas que advierten que el movimiento fundado por Correa podría seguir el camino del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) si no se renueva internamente. El propio Peña vaticinó, al romper con sus excolegas, que “si no hay recambio en el correísmo, le pasará lo mismo que al PRE, que se extinguió”.
La referencia no es menor
El PRE de Abdalá Bucaram fue en los 90 una fuerza populista dominante que, tras años de caudillismo y falta de relevo, terminó desintegrándose.
Hoy, la RC se enfrenta a dilemas similares. ¿Puede un movimiento político sobrevivir sin apertura al disenso interno? Varios politólogos sugieren que es hora de una reflexión profunda. El analista Jacobo García señala que RC deberá “recomponer su estructura interna y recuperar la confianza de su militancia” tras esta crisis, lo cual exige apertura al debate, inclusión de nuevas voces y renovación de su liderazgo.
En su criterio, sería sano permitir una disputa interna democrática – por ejemplo, en la elección de sus autoridades o definición de estrategias – en vez de seguir con un “control remoto” ejercido desde el extranjero, pues “será insostenible” manejar el movimiento a distancia bajo un esquema tan centralizado.
No es un secreto que RC es comandada desde Bélgica por Rafael Correa.
mientras figuras como Luisa González o Andrés Arauz actúan como voceros locales del líder. Esta verticalidad, que en tiempos de cohesión garantizó disciplina, podría convertirse en el talón de Aquiles si ahoga todo atisbo de pensamiento crítico interno.
En la misma línea, otros expertos apuntan que la reacción punitiva contra Peña puede tener un efecto contraproducente. El politólogo Javier Vera advierte que los movimientos con estructuras muy cerradas ven estallar sus conflictos desde dentro si no los gestionan con transparencia. La salida abrupta de disidentes hacia las filas del gobierno – como la posible incorporación de exmilitantes correístas al gabinete de Noboa, que ya se rumora– puede debilitar al correísmo más de lo que fortalece al oficialismo.
Además, para una parte del electorado de Noboa que votó contra Correa, ver a antiguos cuadros correístas en cargos estatales sería una “contradicción” incómoda si no se explicitan acuerdos. Esto sugiere que la estrategia gubernamental de cooptación también conlleva riesgos de deslegitimación si no se maneja con cuidado.
El terremoto político en RC podría reconfigurar el equilibrio de la oposición y el oficialismo en formas inesperadas.
Mientras tanto, Sergio Peña asiste a las sesiones plenarias desde una nueva ubicación: su curul fue reubicada lejos de sus excolegas correístas y más cerca de la bancada de ADN. El alejamiento físico simboliza su ruptura política “de raíz”. Peña ha ratificado que actuará como independiente “propositivo” y no descarta apoyar u oponerse a iniciativas gubernamentales según su mérito técnico, sin alineamiento automático.
Incluso aclaró que su voto favorable al primer informe de la Ley de Economías Criminales “no es un cheque en blanco” y que, de no incluirse mejoras adicionales en el texto para el segundo debate, votará en contra de la versión final. Con ello, busca subrayar que su lealtad última es a sus principios técnicos y a sus electores, no a banderas ciegas.
El episodio de Sergio Peña ha abierto un necesario escrutinio sobre la forma en que la oposición ejerce su rol en Ecuador.
¿Debe la Revolución Ciudadana replantear su estrategia parlamentaria, pasando de la negación sistemática a un opositor técnico propositivo como Peña sugiere? ¿O corre el riesgo de aislarse en un núcleo duro cada vez más pequeño? Las voces críticas dentro y fuera del movimiento señalan que la intolerancia al disenso y el excesivo centralismo pueden minar la vitalidad de RC a largo plazo.
Por el contrario, una apertura controlada al debate interno y la renovación podría fortalecerla como opción política moderna. El camino que tome RC en respuesta a esta crisis marcará su destino: o bien la consolidación como una oposición madura capaz de incidir con propuestas técnicas, o el ahondamiento de su fractura sectaria que podría hacer realidad la profecía de extinguirse como los viejos partidos del pasado.
En última instancia, la expulsión de Sergio Peña ha puesto a la Revolución Ciudadana frente al espejo de su propio proyecto político: uno que nació prometiendo participación y pensamiento crítico, y que hoy debe decidir si esas premisas tienen cabida puertas adentro.
Por Rafael Rubio Rubio