Por: Renato Villavicencio Garzón / @renaquitu
La llegada de Daniel Noboa Azín a la presidencia de la República fue un hecho que pocos
esperaban luego del llamado a adelantar elecciones en mayo de 2023. Su carrera presidencial fue meteórica, construyendo un discurso pragmático, anclado a una relativo dominio técnico de las problemáticas del país, una proyección de un imaginario joven que renueve los liderazgos políticos de la última década, y principalmente, distanciándose del anticorreísmo como discurso dominante desde 2017.
Cuestión central de la política es la edificación, consciente o inconsciente, de un discurso
que busque construir y representar una idea de pueblo con la suficiente legitimidad que pueda imponerse sobre el resto de imaginarios y relatos de los demás actores políticos. El objetivo principal detrás de este tipo de construcción discursiva es sumar la mayor cantidad de apoyos sociales para conducir la acción colectiva hacia un horizonte particular.
Como hemos visto, el clivaje correísmo-anticorreísmo, que ha marcado la disputa política
de la última década, también ha implicado la construcción de dos ideas de pueblo legítimas
distintas. El correísmo, nacido en 2006, articuló un discurso que construía una idea de pueblo en clave antioligárquica y plural, heredero de los discursos progresistas de las últimas décadas, como el de Jaime Roldós y el MIE. Por otra parte, el anticorreísmo se terminó constituyendo como un discurso político elitista que no considera al pueblo correísta como parte legítima de la comunidad nacional ecuatoriana.
En este marco, el discurso político de Daniel Noboa durante la campaña electoral no
manifestó con mucha claridad qué idea de pueblo buscaba construir. Unos rasgos mínimos serían la de una comunidad nacional plural unida, no polarizada como la del correísmo y el
anticorreísmo, en la que no existen conflictos o rupturas estructurales entre sus integrantes. De este modo, buscaba representar a la mayor cantidad de sectores posibles dentro de un marco de unidad nacional. Esto le resultó suficiente para obtener la mayoría de votos en la segunda vuelta electoral y vencer a la candidata de la Revolución Ciudadana en octubre pasado.
Ahora bien, la construcción de discurso político una vez asumido el gobierno nacional de
Daniel Noboa ha marcado un cambio en relación con la etapa electoral y ha expresado más
explícitamente su vocación de construcción popular del Ecuador. Esto se puede leer en las
primeras propuestas legislativas enviadas a la Asamblea Nacional con carácter urgente. En este sentido, que su primera ley económica se haya centrado en una amnistía tributaria para el sector empresarial con el fin de aliviar la crisis de la caja fiscal heredada del gobierno de Guillermo Lasso, envío unas primeras señales sobre las prioridades políticas del gobierno de Noboa.
Esto es la construcción un discurso de unidad nacional articulado alrededor del interés privado empresarial. A pesar de esto, la propuesta de ley recibió el apoyo de la mayoría de fuerzas políticas para su aprobación, incluida la bancada de la Revolución Ciudadana, con ciertos cambios frente a la propuesta inicial. Lo mismo sucedería con la segunda normativa enviada por el Ejecutivo, la ley de Eficiencia Energética.
La construcción de una idea de pueblo en clave empresarial no es nueva en Ecuador y
ha gravitado permanentemente en el debate político nacional desde el retorno a la democracia en 1979. Con ciertas diferencias, León Febres Cordero, Sixto Durán Ballén, Jaime Nebot o Guillermo Lasso construyeron una idea de pueblo legítima desde postulados empresariales. De manera general, estos postulados se circunscriben a ideas de libertad económica individual, emprendimiento, menos impuestos, reducción del Estado, y, principalmente, una asimilación entre los intereses entre trabajadores y empresarios, estableciendo una relación no conflictiva entre ellos y sobre la cual erigían un sentido amplio de unidad nacional. En ese contexto, la construcción discursiva de pueblo del gobierno de Daniel Noboa es heredera de estos últimos.
Si bien este intento discursivo no es tanto una sorpresa, sí debemos prestar mayor
atención a lo que puede significar la firma del Decreto Ejecutivo 111, en la que se establece la declaratoria de “conflicto armado interno”. Es decir, es una declaratoria oficial de guerra entre el Estado ecuatoriano y los 22 grupos delincuenciales organizados descritos en el decreto. Con este nuevo escenario, lo que comienza a suceder es que la construcción discursiva de pueblo toma nuevos matices que se entremezclan con el discurso empresarial anterior provocando que la concepción de pueblo, en un principio amplia y plural, comience a estrecharse y a tomar rasgos más conservadores, como el militarismo, religión, xenofobia, anti-izquierdismo, entre otros.
La definición de un enemigo claro descrito como “bandas narcoterroristas” frente a un
pueblo en zozobra frente a la inseguridad enseguida tomó centralidad luego de la firma de ese Decreto Ejecutivo. El nuevo lenguaje de la guerra establecido por el gobierno ha tenido dos consecuencias inmediatas. La primera, que la idea de pueblo en guerra del presidente Noboa da un giro importante al ser menos tolerante con el disenso y la pluralidad. Como mencioné antes, las aristas más conservadoras de pueblo se vuelven centrales para mantener la idea de unidad nacional frente al terrorismo y el narcotráfico. Así, quien no se pliegue al discurso militar y policial del gobierno termina siendo ubicado en el mismo lugar que el enemigo narcoterrorista.
Hemos visto como los primeros en enfrentar esta situación han sido defensores/as de DD.HH. y familiares de PPL que han puesto alertas sobre los posibles excesos que podrían cometer las fuerzas de seguridad en un contexto de guerra. Además, de la clara criminalización de la pobreza que se ha manifestado con los operativos militares y policiales que se han llevado a cabo casi en su totalidad en zonas urbano-marginales y rurales.
Y, segundo, que el discurso militar y de guerra se entremezcla con el discurso empresarial
del gobierno para justificar reformas económicas, políticas y sociales, condicionando
fuertemente el debate democrático amplio y sereno sobre las mismas. La discusión sobre la
propuestas de ley para el aumento permanente del IVA para financiar la guerra, el Acuerdo de cooperación militar con EE.UU, la entrega del OCP al Estado ecuatoriano, el TLC con China, o la consulta popular planteada por el gobierno de Daniel Noboa, ahora se ven inmersos dentro de una verticalidad dada por el discurso conservador y militar establecido por el presidente Noboa que limita cualquier intento de debate social serio.
En definitiva, el viraje en la construcción discursiva de pueblo de Daniel Noboa a través
del su lenguaje de guerra ha implicado seguir profundizando la derechización del debate político que se ha venido dando en el Ecuador desde 2017, en la que los significantes más conservadores toman centralidad en la definición del imaginario popular, cada vez más sectores sociales son expulsados de la concepción legítima de comunidad nacional ecuatoriana, y las reformas económicas y políticas oligárquicas son justificadas solo con la excusa de la seguridad y la guerra.
El año prelectoral recién comienza y seguramente veremos como el presidente Noboa intentará modular su discurso político entre su lógica de campaña y la de gobierno para buscar la reelección. ¿Logrará encontrar un equilibrio entre estas o las inconsistencias lastrarán su apoyo social?
*Renato Villavicencio Garzón es Máster en Estudios sobre Globalización y Desarrollo por la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y Máster en Análisis Político por la Universidad
Complutense de Madrid (UCM). Actualmente es doctorando en Ciencias Políticas y de la
Administración por la Universidad Complutense de Madrid.
