Quito, 9 mar (La Calle).- El Comité de Ética de la Asamblea Nacional, que lleva el caso de Guadalupe Llori, no obtuvo los votos necesarios para aprobar el informe que recomienda su destitución como asambleísta. Llori enfrenta una denuncia por gestionar cargos públicos en la provincia de Orellana.
La acusación fue presentada por el legislador Bruno Segovia, mientras que el informe borrador fue entregado el 6 de marzo al comité. Sin embargo, los integrantes pidieron que se realicen algunas modificaciones, por lo que la votación se llevó a cabo el 8 de marzo.
Aunque el proceso de la destitución presentado por las asambleístas Marjorie Chávez (PSC) y Luisa González (UNES) no alcanzó los votos favorables, la opción para que se archive la causa tampoco fue posible. Esta última moción fue presentada por el presidente de la Comisión, José Chimbo.
A la reunión no asistieron los legisladores Freddy Rojas (CREO), Dalton Bacigalupo (ID) ni sus parlamentarios alternos, según El Comercio.
Origen de la denuncia
Segovia aseguró, en la presentación de cargos, que Llori habría puesto desde la gobernadora y tenientes políticos hasta funcionarios en algunas dependencias de la provincia de Orellana.
Cerca de 20 funcionarios habrían llegado a sus puestos cuando Llori se desempeñaba como presidenta de la Asamblea, del 15 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2022, tiempo en el que fue destituida.
«Todos eran exfuncionarios del gobierno provincial de Orellana cuando Llori fue prefecta, la mayoría son afiliados a Pachakutik o eran parte de su equipo en el Pleno», comentó.
Llori no se presentó al proceso, pero envió a su abogado, Julio Cesar Sarango, quien negó todos los vínculos de la expresidenta con las acusaciones.
De todos modos, irá a la Asamblea
El informe pasará a revisión en el Pleno de la Asamblea, aunque no haya alcanzado los votos necesarios para efectuarse.
Llori habría incidido en el nombramiento de varias autoridades de la provincia. Esta acción infringe el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que establece que los asambleístas no podrán gestionar nombramientos de cargos públicos.
Ya se salvó de una destitución
La asambleísta se salvó de la destitución por supuesto cobro de diezmos. Los votos del Pleno del Legislativo no fueron suficientes para llevar a cabo la moción de la legisladora de UNES, Johanna Ortiz.
El 23 de noviembre la Asamblea debatió la moción de destitución. Se registraron 82 votos a favor de los 92 que necesitaba para la aprobación. Hubo 14 votos en contra y 20 abstenciones, en su mayoría del oficialismo y de asambleístas de Pachakutik. (N.J.C)
