Quito, 30 jun (La Calle).- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó el informe elaborado por la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra La Corrupción sobre el presunto plagio de la fiscal general del Estado Diana Salazar.
En el documento se recomienda enviar la información a las autoridades competentes para que analicen el caso y tomen acciones por la denuncia. Además, recomienda que se investigue un posible tráfico de influencias, debido a una segunda denuncia de plagio en un artículo científico.
«Se recomienda al Cpccs remita el presente informe y sus respaldos para que las autoridades competentes, para que dentro de sus correspondencias apliquen los correctivos necesarios», reza el comunicado.
En el presunto delito estaría involucrado el servidor de la FGE Diego Ramiro Rodríguez. De acuerdo con las investigaciones, Salazar habría copiado algunos párrafos de un documento de Rodríguez y éste habría ascendido de puesto de forma progresiva.
«Se considera que hay la posibilidad de que la Fiscalía haya ejercido influencia en ese funcionario», detalla.
El informe se remitirá a la Contraloría General del Estado, la Senescyt y al presidente del Consejo de Educación Superior CES para que tome acciones civiles, legales y académicas.
Respuesta de la UCE
El colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) anunció que solicitará el acta de la Universidad Central (UCE) para esclarecer las llamadas impericias que cometió la fiscal Diana Salazar en su trabajo académico.
Ante la resolución de la UCE, el colectivo se pronunció e interpretó que el tribunal académico sí reconoció el plagio en la tesis de pregrado de la Fiscal y que citó varios textos sin citar. Sin embargo, lo llamaron impericia, lo cual significa una imprudencia profesional, según la Real Academia Española (RAE).
De la misma manera, el documento explica que el catedrático Tomás Sánchez pasó la tesis por tres aplicaciones de software que arrojaron que habían más de 34 mil palabras idénticas.
La resolución de la UCE interfiere en esta acción
El consejero Augusto Verduga explicó para Radio La Calle que la decisión del Consejo Universitario no influye en las acciones que seguirán por el presunto plagio de Salazar. Recalcó que como entidad tiene la facultad de reabrir casos si el caso lo amerita. (N.J.C)
