Quito, 08 abr (La Calle). – Tres años de prisión podría ser la consecuencia para los infectados de Covid-19 que irrespetaron el aislamiento, así lo analiza el gobierno nacional a través del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.
La ministra de gobierno, María Paula Romo expresó que 3.000 personas ya fueron multadas por violar la restricción de movilización. El cobro se realizará por medio de los servicios básicos.
“Estamos en toque de queda permanente, solo se destinan unas horas al día para realizar actividades urgente”, indicó Romo.
La ministra dijo que la policía sigue trabajando en el cantón Baños, provincia de Tungurahua. “No sólo al interior, sino también en los alrededores y accesos”.
Sobre la ayuda psicológica para las personas en aislamiento, la ministra expresó que existen alrededor de 800 psicólogos de 17 universidades para brindar apoyo.
Romo informó que el control en cementerios le corresponde a Arcsa. Los cementerios tienen un salvoconducto que les permite trabajar más horas durante el toque de queda.
