Quito, 13 sep (La Calle). – En los próximos días, la Corte Nacional de Justicia iniciará el proceso de extradición contra los sentenciados por cohecho pasivo agrabado en el Caso Sobornos 2012 – 2016, entre ellos el expresidente Rafael Correa.
El exmandatario vive actualmente en Bélgica. Además de él, también deben remitir el proceso contra Vinicio Alvarado, quien estaría en Venezuela; Walter Solís, que presuntamente está en Estados Unidos; y los empresarios Rafael Córdova, Mateo Choi y William Phillips.
Pero también, la exministra María de los Ángeles Duarte, refugiada en la embajada de Argentina en Ecuador. Por su parte, la ubicación del exasambleísta Christian Viteri es aún desconocida.
El proceso
Según la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el artículo 30 de la Ley de extradicción dicta que “en todo procedimiento en el que exista orden de prisión preventiva o sentencia en contra de una persona que se
encuentre prófuga, así como Notificación Roja en su contra, el Juez competente de la causa debe solicitar la extradición a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia.
Los requisitos necesarios son la sentencia condenatoria o auto de prisión preventiva; expresión de los hechos; lugar; fecha; naturaleza y circunstancias del delito acusado; datos de identidad; nacionalidad; residencia; fotografía y huellas dactilares del requerido y elementos de convicción.
La Fiscalía General del Estado (FGE) es la encargada de mantener un canal de contacto directo con las autoridades del Estado requirente, es decir Ecuador. Así mismo, la FGE debe estar presente en todas las diligencias requeridas.
La sentencia
El 7 de septiembre, el exmandatario Rafael Correa anunció que el Tribunal integrado por los jueces Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra ratificaron su sentencia de 8 años en última instancia.
La sentencia señala al ex presidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glas como “autores mediatos por instigación al cohecho agravado”. El ex mandatario calificó a la sentencia como “ridícula”. Alegó que al menos en lo referente a su condena, lo acusan por inducir en sus funcionarios, mediante un “influjo psíquico”, la “resolución de realizar el injusto cohecho”.
