Quito. 16 jun (La Calle).- La Corte Constitucional aprobó las reformas tributarias presentadas por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Sin embargo, rechazó el decreto-ley relacionado con las zonas francas.
El dictamen de la CC fue emitido el 16 de junio después de una sesión virtual de casi cuatro horas. La resolución relacionada al »Decreto Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar» fue favorable debido a que el tribunal no encontró incompatibilidades con la Constitución.
Por otro lado, el «Decreto Ley Orgánica Reformatoria para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo» no fue aprobado porque generarían un desequilibrio en el mercado.
»Esto ocurriría porque estas empresas llegarían a ubicarse en mejores condiciones de mercado y precios, independientemente de la calidad de productos, en comparación con la producción nacional. Esto podría implicar “prácticas monopólicas”, dice el dictamen.
Ley Tributaria
Según el ministro de Economía, Pablo Arosemena, la reforma tributaria es de carácter urgente porque se requiere implementar el sistema de cobro de impuesto para los negocios populares, con ingresos anuales de menos de USD 20 mil, ya que el sistema actual solo estará vigente hasta diciembre de 2023.
La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar (Lefam), fue presentada por el Estado, como un beneficio que recibirán cerca de 340 mil familias. El proyecto supuestamente reduciría el impuesto a la renta de los ecuatorianos y reducirá los gastos personales de USD 15,294.
Ley de Inversiones
En 2022, el Ejecutivo entregó a la Asamblea una Ley de Inversiones en la que se abordaba temas relacionados con zonas francas, sin embargo, no fue aprobada. Según varios legisladores, esta propuesta daría paso a una creciente privatización.
Las zonas francas son áreas geográficas dentro de un país que se establecen con el propósito de fomentar el comercio y la inversión extranjera. En general, ofrecen condiciones especiales y beneficios fiscales y aduaneros a las empresas que operan dentro de ellas.
La ley proponía que la inversión Extranjera podría rápidamente multiplicarse como sucedió en Uruguay, en Costa Rica y en República Dominicana. Además, la reforma fue la que tiempo atrás la Asamblea dio de baja.
La última vez que se debatió la ley, los legisladores notaron que la reforma tenía los mismos artículos, las mismas falencias y los mismos errores. Además, el principal argumento para ese rechazo fue que la ley representaba la privatización indiscriminada de activos y servicios públicos.(A.G.M).
