Quito, 18 may (La Calle).- La Corte Constitucional (CC) rechazó las demandas de inconstitucionalidad presentadas por los exasambleístas por el decreto de la muerte cruzada que firmó el presidente Guillermo Lasso el pasado 17 de mayo.
La entidad comentó que la decisión fue tomada por unanimidad. Además, indicó que así como no le compete pronunciarse sobre la causal que se amparó Lasso para disolver la Asamblea, tampoco le compete a otra autoridad judicial del país.
«Con la decisión de rechazar las demandas, también se rechaza los pedidos de que la Corte adopte medidas cautelares con el fin de suspender provisionalmente los efectos del Decreto», reza el comunicado.
Esperanza para algunos exasambleístas
Los jueces Jhoel Escudero y Enrique Herrería serían los encargados de conocer las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por los exlegisladores contra el decreto de muerte cruzada.
Escudero conoció la demanda planteada por Esteban Torres (PSC) y Yeseña Guamaní (ID). Mientras que Herrerría tramitó el documento de los exlegisladores Ángel Maita, Mireya Pazmiño, Dina Farinango, Janeth Llano y Fernando Cabascango (facción de PK).
“Lo que esperamos respetuosos de la Constitución, de la ley y la convivencia pacífica de este país es que sea la Corte la que dirima este conflicto. Nosotros respetaremos la decisión que sea. Si el decreto carece de legalidad y constitucionalidad, la Asamblea se mantendrá en pie con las expectativas de los ecuatorianos estos dos años. Si el decreto – por el contrario – tiene la validez de la Corte, nos iremos a elecciones. No tenemos temor alguno”, dijo el exlegislador Torres.
Se vienen las elecciones
El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene como fecha límite el 24 de mayo para la convocatoria a elecciones debido al decreto de muerte cruzada que disuelve la Asamblea y adelanta el proceso electoral.
El vicepresidente del CNE, Enrique Pita , indicó que pueden existir complicaciones al preparar un calendario electoral, pues se tienen que acoplar a los procesos de democracia interna, inscripción de candidaturas y posibles impugnaciones.
Aclaró que llevar adelante en 60 días el proceso electoral iría en contra de los tiempos normales. Sin embargo, dijo que se regirán a lo establecido por la ley. (N.J.C)
