Quito, 06 Mar (La Calle). – El dictamen de la Corte Constitucional (CC), socializado el 6 de marzo, da paso a que se enmiende el artículo 118 de la Constitución, así como los artículos 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 150 de la Ley Orgánica de la Función Electoral y normas legales que reproducen la disposición constitucional del número de asambleístas.
La propuesta que aprobó la CC pide que la Asamblea Nacional se integre por dos asambleístas elegidos por cada provincia y uno más por cada quinientos mil habitantes de la provincia sin considerar fracciones; tres asambleístas por los migrantes, uno por cada una de las tres circunscripciones del exterior.
La disposición, aclaró la CC, “no involucra la restricción de derechos o garantías constitucionales (…) En cuanto a la estructura fundamental de la Constitución, no se advierte ningún tipo de alteración, puesto que, de concretarse la propuesta, la Función Legislativa mantendrá su carácter representativo y ejercerá sus atribuciones de legislar y fiscalizar de manera regular. Por tanto, la reducción numérica de sus integrantes, conforme se detalla en la propuesta, se trata de un rediseño orgánico que constituye un elemento adjetivo que no incide materialmente en la estructura de la Constitución”.
La Contraloría General del Estado también está en la mira de distintos sectores políticos. Al respecto, la CC aceptó que se enmiende la Constitución para cambiar su denominación de “Contraloría General del Estado” a “Tribunal de Cuentas”, como existió hasta la década de 1920.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es uno de los organismos que más incomoda a los políticos, sobre todo por su competencia para designar autoridades. Aunque los grupos políticos buscaron su eliminación por medio de una enmienda, la Corte Constitucional la negó porque esta vulnera el espíritu de la Constituyente.
En el documento la Corte también niega la eliminación del “Fondo Partidario Permanente” que es el aporte estatal entregado a los partidos y movimientos políticos. Al respecto explica que “la propuesta, tal como está planteada, podría conllevar que organizaciones que no están en las mismas condiciones, sean tratadas como si lo estuvieran, ya que su financiamiento debería ser cubierto únicamente por sus afiliados y simpatizantes, sin observar sus diferencias culturales, económicas, sociales, ideológicas, entre otras”.
