Quito, 11 feb (La Calle).- Contraloría determinó que determinó que Sebastián Corral no debió ser designado ni posesionado como secretario general de la Administración Pública y durante la administración del gobierno de Guillermo Lasso, pues es accionista de dos compañías que mantiene contratos con el Estado.
La entidad realizó un examen especial de cumplimiento de requisitos, prohibiciones e inhabilidades previo a la designación y posesión de Corral por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023.
La Contraloría determinó que el expresidente Lasso unió a Corral a su gabinete sin considerar que es accionista de las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel C. A. y Teleamazonas Guayaquil S. A., las cuales mantienen con el Estado contratos de concesión de frecuencias prorrogadas.
Según el informe, no se validó la información registrada ni se verificó la prohibición determinada en la Constitución, por el contrario, se permitió el ejercicio del cargo público.
»No podrán ser ministras o ministros de Estado las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderadas de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que mantengan contrato con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales», dice el artículo 152 de la Constitución. (AGM).
