El coronel de Policía, Wilson Torres, enfrenta una sanción por una publicación en una red social. Ha denunciado la corrupción y la falta de recursos al interior de la institución y la respuesta ha sido procesos administrativos en su contra.
Procesos administrativos, traspasos de una zona a otra y, finalmente, sanciones. En la Policía Nacional el espíritu de cuerpo se sobrepone a las voces de los propios uniformados que denuncian la corrupción y las irregularidades al interior de la institución. Sus autoridades ordenan el silencio para salvar el ‘honor’ y la debilitada imagen institucional.
En agosto de 2022, el coronel Wilson Torres revelaba la crítica situación de seguridad en Quevedo, Los Ríos. Lo decía como un grito de auxilio a las autoridades nacionales y locales. Pero sus palabras golpearon los oídos sordos de una institución que prefirió resolver el problema con el traspaso de Torres.
No lo hicieron una vez. Fueron varios ‘castigos’ o traspasos a los que se tuvo que acoger Torres por contar la realidad que atraviesan los policías que, en territorio, combaten la delincuencia.
Incontables han sido las ruedas de prensa en las que el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante General de la Policía, Fausto Salinas, han promulgado la transparencia y la depuración en la institución. Pero abrir procesos administrativos contra los uniformados que precisamente denuncian la corrupción o las ilegalidades a la interna contradice sus declaraciones, dijo Alberto Montenegro, abogado de Torres para Radio Pichincha.
El jurista defiende a Torres en la causa que abrieron en su contra en enero de este año por una publicación en una cuenta de Twitter, de la que sospechan –no tienen pruebas- que es suya. “No tiene foto de perfil y tampoco tiene nombre, pero desde la Policía conjeturan que esa cuenta es de Torres”, reclamó Montenegro.
Torres es notificado con el auto de inicio del proceso administrativo el 17 de enero por incurrir en una falta leve por incumplir disposiciones verbales o escritas. Lo que habría incumplido es la directriz 2020-02-DNCE-AN, que prohíbe de forma expresa que sus miembros hablen sobre lo que sucede a la interna de la institución policial.
La directriz
Esta disposición se emite, en febrero de 2020, bajo el mando del entonces comandante General de la Policía, Patricio Carrillo.
Dicha directriz se titula “Comunicación en redes sociales para su correcta utilización y aplicación por parte de los servidores policiales”, que tiene como objetivo cuidar la imagen institucional.
Mientras Torres denunciaba la falta de recursos o equipamiento para los patrullajes, otro grupo de uniformados monitoreaba sus redes sociales para realizar un informe que terminó con una sanción en su contra.
La Policía dispuso, desde 2020, que el “área del coordinador de comunicación estratégica” realizara el monitoreo de las redes sociales de los uniformados para ver qué publican a diario. No para conocer las denuncias y solventarlas. Únicamente para cuidar la ya debilitada imagen de la institución.
La Reunión con Salinas
El coronel Wilson Torres presenta su explicación por escrito, el viernes 20 de enero, al inspector general de la Policía, Mauro Vargas, quien resolvió, en un día, que Torres debe ser sancionado. Pero el General Vargas no tiene ninguna certeza de que Torres sea el responsable de dichas publicaciones, dice Montenegro, al insistir que únicamente son conjeturas de las autoridades.
Además, aclara que en esta resolución administrativa existe falta de motivación. “El General Vargas simplemente manifiesta lo que sospecha y de forma automática lo sanciona, sin dar motivos. Es una consigna para que el coronel Wilson Torres no hable”, enfatizó.
Un día antes de la sanción, el comandante General de la Policía, Fausto Salinas, mantiene una reunión con Torres. “Le dice hagamos la paz no queremos tener problemas con un buen funcionario y queremos que ya no hable de estas cosas”, contó Montenegro.
El jurista reclama que no se viola únicamente su derecho a denunciar las irregularidades que detecta. También, dice, es una violación a la libertad de expresión. “No por el hecho de ser funcionario policial deja de ser titular del derecho a la libertad de expresión”, reveló.
Torres apeló la denuncia y en los próximos días el comandante Salinas tendrá que decidir si archiva el proceso o ratifica la sanción. Además, ingresó una denuncia administrativa contra el inspector general, Mauro Vargas, para que investigue su “arbitraria y deliberada” sanción por la inexisten motivación que argumenta.
Ya han intentado callarlo
No es la primera vez que enfrenta un proceso disciplinario por el mismo motivo: denunciar la indiferencia, las irregularidades y exigir lo mínimo para cumplir con su trabajo. Esta es la tercera vez que la Policía abre una causa por esta razón. Las dos primeras fueron archivadas.
En menos de siete meses fue transferido cuatro veces. Cuando estuvo en Portete, denunció que no había patrulleros, que los generales se negaban a arreglar el parque automotor y no se suscribían contratos con las mecánicas. La respuesta: su traslado a Pastaza. En dos meses lo mueven a Quevedo y finalmente le dan el pase a Quito. Ahora, desconoce si tendrá un nuevo traslado.
Para Montenegro y su cliente, la cúpula policial pretende que Torres no obtenga una buena calificación para que no ascienda a general. Aunque el jurista alerta que, al momento de revisar su hoja de vida, verán tres procesos administrativos y uno de ellos terminó en sanción. Torres es la primera antigüedad de su promoción y sería el primero en llegar a ser general.
Las mismas prácticas institucionales
El abogado de Torres es claro en señalar las contradicciones de las autoridades y es crítico con el modelo que se ha instaurado en la Policía. Recuerda el caso del femicidio de María Belén Bernal, dentro de la Escuela Superior de la Policía. Las primeras interrogantes fueron si alguien más escuchó por qué no intervino o alertó. “Si escucho o veo que alguien comete un ilícito no se puede decir nada porque si digo algo me van a sancionar. Y lo vuelven a hacer ahora. Siguen con las mismas prácticas ordenadas por el comandante general y la cúpula policial”, reprochó.
Un caso similar ocurrió con el coronel William Calle, que fue trasladado de Esmeraldas a otra zona por reclamar por la falta de recursos y de equipos para enfrentar a “Los Tiguerones” una de las bandas delictivas más peligrosas del país.
El temor de Torres es que se ratifique su sanción con el fin de callar a los uniformados. Su temor es que el ‘honor institucional’ o la buena imagen estén sobre los cuestionamientos y denuncias de fiscales y policías corruptos. Su temor, dice Montenegro, es que hablar sobre la realidad interna de la institución sea motivo de una persecución.
Redacción: Radio Pichincha
