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El Consejo de Participación Ciudadana contribuyó a la crisis de dos instituciones del Estado

Roberto Hidalgo, redactor

Quito 2 de ago, (La Calle). – Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS,) indicó que la situación actual en la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo es compleja.

«Lastimosamente en este escenario tenemos un Contralor general investigado por actos de corrupción. También Defensor del Pueblo privado de su libertad por un presunto delito sexual son acciones que no se pueden prever», dijo.

En el caso de la Contraloría, el nombramiento de Carlos Riofrío, para Ulloa, es legal. Además, la presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, solicitó una consulta en la Procuraduría General del Estado, por lo cual no existe forma de nombrar un sucesor hasta marzo de 2022.

La Contraloría General del Estado está en el limbo institucional debido a que Pablo Celi, excontralor subrogante, tiene una investigación por hechos de corrupción.

La situación de la Defensoría del Pueblo resulta un poco más complicada de lo que parece. Ulloa indicó que el CPCCS tomó decisiones que provocaron una confusión. La Defensoría del Pueblo se encuentra a cargo de dos personas. No obstante, el CPCCS no puede designar un Defensor hasta que no se configure la ausencia definitiva de Freddy Carrión que tiene una investigación por abuso sexual.

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