Quito, 27 jun (La Calle).- La Contraloría General del Estado (CGE) cesará la emisión de informes de pertinencia y favorabilidad para todas las contrataciones públicas a partir de este 27 de junio, tras la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Integridad Pública, que modifica sustancialmente el sistema de control previo. Solo procesará trámites iniciados antes de esa fecha.
La entidad confirmó hoy que, derivado de la Ley Orgánica de Integridad Pública publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 68, dejará de emitir los informes de pertinencia y favorabilidad previos a toda contratación pública. La normativa —aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de junio— deroga el artículo 22.1 de la Ley de Contratación Pública y reforma el artículo 18.1 de la Ley Orgánica de la Contraloría, eliminando este mecanismo de control anticipado.
Según el comunicado oficial, únicamente se procesarán los informes de procedimientos cuya fase preparatoria haya iniciado hasta el 26 de junio de 2025. La Contraloría aclaró que, pese a la modificación, mantendrá la vigilancia sobre el uso de fondos públicos mediante sus atribuciones constitucionales.
Reformas de amplio espectro
La ley, originalmente planteada por el presidente Daniel Noboa como proyecto económico urgente para reformar la contratación pública, experimentó un giro de 180 grados en la Comisión de Desarrollo Económico. El texto final incluye reformas a más de 20 cuerpos legales, abarcando ámbitos judiciales, de servicio público, financieros, monetarios y de protección a la niñez, trascendiendo el objetivo inicial.
Instituciones públicas deberán ajustarse a la nueva estructura desde este jueves 27 de junio. La Contraloría enfatizó que la omisión del informe previo no exime a las entidades de garantizar transparencia. También advirtió auditorías posteriores para fiscalizar el manejo de recursos, es decir, cuando el daño ya está hecho.