Quito, 16 jul (La Calle).- La Contraloría General del Estado (CGE) evidenció irregularidades críticas en el contrato entre CELEC EP y la empresa Austral Technical Management y Progen para la instalación de generadores eléctricos, según un informe que detalla fallas estructurales en el proceso.
El documento revela que los equipos entregados —fabricados en 2016 y sin certificación de compatibilidad con el sistema nacional— fueron recibidos como «nuevos» pese a su antigüedad, mientras CELEC EP desembolsó USD 71.4 millones (80% del contrato) anticipadamente sin verificar avances físicos o pruebas operativas.
La planta operó sin licencias ambientales o municipales, violando normativas, y careció de certificados de garantía técnica del fabricante, configurando un «incumplimiento contractual grave». Ante estos hallazgos, la Contraloría remitió el caso a la Fiscalía por posibles delitos de peculado y tráfico de influencias.
¿Lavado de manos del gobierno?
En respuesta, la ministra de Energía, Inés Manzano, anunció la salida de «varios funcionarios» de su cartera vinculados a los contratos con Austral y Progen —este último involucrado en proyectos paralelos—, aunque omitió revelar nombres. Las irregularidades se originaron durante la crisis energética de 2024, cuando el Ministerio declaró emergencia nacional para acelerar compras ante el déficit agravado por sequías y el fenómeno de El Niño.
El proceso para la contratación de generadores eléctricos comenzó bajo la exministra Andrea Arrobo —censurada posteriormente por la Asamblea—, quien inició la contratación mediante el polémico «Giro Específico de Negocio», mecanismo de adjudicación directa cuestionado por opacidad. Su sucesor, Roberto Luque (entonces encargado), continuó las negociaciones junto al secretario de Administración Arturo Félix Wong y Fabián Calero —entonces titular de CELEC y actual viceministro de Electricidad—, quienes supervisaron visitas técnicas y anuncios públicos con las empresas.
Luego llegó el exministro Antonio Goncalves a la entidad y aseguró que «todos los procesos legales se cumplieron», la Contraloría contradice esta versión al exponer pagos totales de USD 168.9 millones a Progen y Austral por plantas que, a la fecha, permanecen inoperantes. Manzano, al asumir el cargo, intentó sostener los proyectos pero pronto alertó sobre «problemas de ejecución», culminando en las destituciones tras el escándalo.