Quito, 8 may (La Calle).- La Contraloría General del Estado (CGE) detectó indicios de responsabilidad penal en el patrimonio de 10 jueces entre octubre de 2022 y marzo de 2023.
Los informes han sido remitidos a la Fiscalía General del Estado (FGE) y se trata de magistrados de distintos niveles: provinciales, multicompetentes y de primer nivel.
En 2022, la entidad emitió 30 órdenes de trabajo para realizar exámenes especiales a jueces de varias provincias del país, entre ellas: Loja, Azuay, Tungurahua, Los Ríos, Pastaza y Guayas. Se aprobaron 20 informes generales y en 10 se halló presuntas irregularidades.
El equipo de auditoría encontró inconsistencias en la confrontación de la información registrada en las declaraciones patrimoniales juradas de 10 jueces provinciales, multicompetentes y de primer nivel, que actuaron entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022.
¿Qué dice la Ley?
Según el artículo 16 de la Ley de Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, «la información constante en las declaraciones patrimoniales juradas será pública, pero la confrontación y examen tendrán el carácter de reservados, salvo para quien está siendo investigado».
Sin embargo, este carácter se pierde si, una vez remitido a la Fiscalía General del Estado un informe con indicios de responsabilidad penal, esta inicia la instrucción respectiva.
Contraloría destacó que los servidores públicos están obligados a presentar la declaración patrimonial jurada al inicio y finalización de la gestión, y a actualizarla cada dos años, plazo que se cuenta desde la fecha de presentación de la última declaración.
Las declaraciones deben contener información completa sobre los activos y pasivos del declarante, de los pertenecientes a la sociedad conyugal o sociedad de hecho, de los hijos menores de edad, tanto en el país como en el extranjero, y toda la información constante en el formulario debe tener sustento en la documentación de soporte.
