Quito, 13 jul (La Calle).- Los ecuatorianos debaten dos posturas respecto a la explotación en el Parque Nacional Yasuní; un voto a favor de la conservación del ecosistema, según los ambientalistas. Sin embargo, ¿qué pasará con la economía de nuestro país?, cuestionan los trabajadores petroleros.
El 20 de agosto la ciudadanía no solo elegirá binomios presidenciales y asambleístas, sino también decidirán si continúa la explotación del bloque ITT en el Yasuní. Esta zona cuenta con más de 100 mil especies de flora y fauna, entre ellas:
- 141 especies de anfibios
- 121 de reptiles
- 382 de peces
- 596 de aves
- 169 de mamíferos
- 2.700 especies de plantas vasculares
Para la vocera del colectivo Yasunidos, Manaí Prado, el Yasuní tiene un ciclo muy importante porque de ahí nacen las nubes que provocan las lluvias en los Andes y genera el agua que se consume en el país. »No podemos sacrificar el lugar más biodiverso del mundo por »beneficios económicos» que realmente no benefician al país», dijo en entrevista para Radio La Calle.
Según Prado, el petróleo del Yasuní es de mala calidad de cada 100 barriles solo siete son de petróleo, todo lo demás es brea, es decir, agua formación tóxica, además de que se vende a muy bajo precio a nivel internacional. »Se perdieron 15.000 millones de dólares en casos de corrupción», resaltó.
»El petróleo no se vende muy barato»
Por otra lado, el secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo de Ecuador (ANTEP), David Almeida, señaló que en 2022 el precio promedio del crudo en el ITT fue de USD 82.17 por barril, puntualizó que por ese valor se dejaron utilidades por USD 1.211 millones en el país.
»Si el petróleo fuera brea no se podrían producir 58 mil barriles de petróleo por día. Efectivamente el contenido de agua es alto como ocurre en todos los reservorios de petróleo a nivel mundial», puntualizó.
Además, señaló que sí es posible realizar la explotación petrolera teniendo una armonía con el ambiente, es por eso que resaltó que los ingenieros a cargo de este proceso en los pozos del Yasuní han realizado su trabajo con las medidas adecuadas para una explotación responsable.
»De ganar el «sí» en la consulta, el pueblo ecuatoriano perdería los 1742 millones de dólares invertidos; además se dejaría de recibir cerca de 1200 millones de dólares anuales en ingresos», dijo en un comunicado la ANTEP.
¿Repetir la historia de Chevron Texaco?
»Texaco era una empresa extranjera que vino acá con la intención de sacar la mayor cantidad de crudo posible sin importarle lo que hacía para reducir costos», dijo Almeida.
En contraste con la actualidad, manifestó que en ese tiempo el Ecuador no contaba con una política ambiental y se devastó la selva con piscinas de desechos y otras actividades perjudiciales para la naturaleza.
Hoy en día, indicó que esta situación es diferente, pues en las dos hectáreas están 200 pozos sin piscinas de desechos y no se riega crudo en el asfalto. De igual manera, enfatizó que el bloque petrolero no está en el corazón del Yasuní, sino que se encuentra apartado de esta zona.
Contaminación auditiva
Si bien los mecanismos de explotación petrolera han cambiado, Prado mencionó que aún hay problemas por los cuales trabajar. Por ejemplo, se refirió a la contaminación auditiva que afecta a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
»Imaginémonos vivir con un motor y un generador de electricidad sonando todo el tiempo a lado de nuestras casas, a pueblos que además viven de la caza y en este caso los animales se alejan», dijo.
No obstante, Almeida destacó que para este problema se instalaron pantallas de ruido, porque si el sonido fuese muy fuerte, los mismos trabajadores no estarían en la condición de trabajar en ese lugar.
¿Qué pasaría con el bloque desalojado?
Un problema que visualiza Almeida en el desalojo del bloque petrolero es que puede ser reemplazado por actividades ilícitas como la minería ilegal y la tala de árboles. Resaltó que inclusive hay comunidades indígenas a favor del »NO» porque para ellos significaría la pérdida de empleo.
También destacó que el desalojo de los pozos petroleros no podrían ocurrir en un año porque sería imposible, para esto se necesitarían aproximadamente nueve años, lo cual significaría un gasto más para el Estado.
Sin embargo, Prado señaló que ese es un trabajo que les espera como colectivo si es que gana en la urnas el »SÍ» en la Consulta Popular, es decir, exigir la presencia del Estado y el cumplimiento de los derechos humanos.
»¿Porqué las comunidades son dependientes de las empresas petroleras? Porque han sido las únicas que han podido solucionar los problemas de pobreza que ellos mismo causan», enfatizó. (A.G.M).
