Quito, 09 feb (La Calle).– André Benavides, abogado constitucionalista asegura que las actuaciones que ha tenido la Corte Constitucional saliente en el último periodo han sido motivo de cuestionamientos.
Según su criterio, existe una deuda pendiente en referencia a las leyes económicas urgentes que se expidieron en el gobierno de Lasso y que han metido mano en los bolsillos de los ecuatorianos.
Durante una entrevista con Radio La Calle, Benavidez calificó como acertada la presidencia del Doctor Hernán Salgado en el último período de la Corte Constitucional. Lo calificó como un reconocido jurista que ya ha ocupado la magistratura constitucional en otros periodos.
Además, recalcó que han existido fallos por parte de la Corte Constitucional que han sido interesantes en materia de derecho. Sin embargo, también han existido actuaciones que han formado parte de la agenda personal de algunos jueces.
“Una cosa es que tú, como juez, trates los casos conforme te van llegando, pero otra cosa es que tengas cierto tipo de preferencia para aquellos casos que son políticamente correctos”, aseguró Benavides.
Por otro lado, manifestó que no se están tomando en cuenta las leyes que son relevantes en estos momentos. “Al ciudadano que está reclamando trabajo por la Ley de Apoyo Humanitario no lo toman en cuenta, o también con la Ley de Desarrollo Económico de Lasso”, afirmó.
Los retos
Benavides sintetizó mencionó que la Corte Constitucional tiene tres retos principales: el primero referido a la Ley Tributaria, que necesita un pronunciamiento por parte de la Corte. Lo segundo en referencia a la acción de interpretación que va a presentar la Asamblea Nacional, respecto a si la legislatura puede derogar o reformar leyes urgentes en materia económica. Y el tercer reto, que es el más importante, tiene que ver con la probable Consulta Popular que en su momento convocaría el presidente Lasso.
“Las consultas populares requieren de un control previo de constitucionalidad y viabilidad, esto depende de la Corte Constitucional”, sostuvo el abogado.
Por último, explicó que frente a las reformas económicas se podía presentar una demanda de inconstitucionalidad y así suspender la aplicación de esta normativa. Esta debía presentarse antes del 31 de diciembre, porque a partir del 01 de enero ya se aplica el nuevo régimen tributario.
